Dos adultos miembros de la comunidad católica de Nahulingo, Sonsonate, detenidos la semana pasada por la presunta participación en la demolición del templo del municipio, considerado patrimonio cultural del país, recuperaron ayer temprano su libertad. El Juzgado de Paz de esa localidad no encontró pruebas contra ellos.

Un tercer implicado, menor de edad, también fue liberado por el juzgado de menores ayer en horas de la tarde.

José Luis Aguilar y José Alberto Reyes eran acusados por el delito de daños agravados por un monto de $1 millón en perjuicio del templo, que databa de 1613. La Fiscalía General de la República (FGR) los señaló como dos de los responsables del derribo de la iglesia a finales de febrero. El trío fue detenido, según la Policía Nacional Civil, derrumbando algunas paredes que aún seguían en pie.

En el caso de Aguilar, este fue beneficiado con un sobreseimiento definitivo, es decir, que no podrá ser juzgado por la misma causa. Para Reyes, el fallo fue otorgarle un sobreseimiento provisional, lo cual faculta a la FGR para que siga investigando y pueda recolectar más pruebas contra él.

Durante la celebración de la audiencia, unas 50 personas se mantuvieron en frente del juzgado para dar apoyo a sus amigos, por considerar que su detención había sido injusta. “No es el sacerdote, ni el consejo, es la comunidad”, rezaban carteles que llevaban consigo. Estos pobladores aseguran que tomaron la iniciativa de botar las paredes agrietadas de la iglesia por temor a que causara daños a los feligreses.

“Las paredes ya no servían, eso representaba un peligro para todos nosotros y por eso nos unimos para botarla”, dijo una señora que no quiso identificarse por temor a correr la misma suerte que los dos amigos que fueron procesados.

Sigue investigación

Ante la decisión del Juzgado de Paz de Nahulingo, la FGR aseguró que continuará en la búsqueda de los responsables de haber promovido la demolición.

El ministerio público sospecha del párroco Gerardo Hernández Sandoval, contra el cual estudia la posibilidad de iniciar un proceso penal y civil.

Sandoval aseguró a LA PRENSA GRÁFICA la semana pasada estar dispuesto a ser investigado, y afirmó que la decisión de botar la estructura fue por convicción de la comunidad.

No fue posible conocer ayer la reacción de CONCULTURA, ente estatal que denunció el hecho ante la Fiscalía y exige al párroco reconstruir el inmueble.