Obama busca frenar la ley de Arizona en los tribunales

El gobierno del presidente estadounidense, Barack Obama, demandó al estado de Arizona por su nueva y estricta ley de inmigración, en una medida criticada por los republicanos, quienes dijeron que se necesitaban mejores niveles de seguridad.

La polémica ley exige a policías estatales y locales investigar el estado inmigratorio de cualquier persona que sospechen está ilegalmente en el país, lo que ha llevado a los críticos a decir que la medida es inconstitucional.

La ley de Arizona, un estado controlado por republicanos, fue aprobada en un intento por frenar el afluente de miles de inmigrantes ilegales que cruzan la frontera desde México cada mes y combatir el narcotráfico y otros delitos en la zona.

La demanda, presentada mientras el Congreso se encuentra en un receso de una semana, es parte de un enfoque mayor de Obama para lidiar con los 10.8 millones de inmigrantes ilegales que se cree se encuentran en el país, que indica que la inmigración es responsabilidad del gobierno federal y no de cada estado.

La acción legal es una apuesta política del Gobierno, mientras una encuesta de Pew Research Center mostró que el 59% de las personas aprueba la ley.

La ley de Arizona podría “interferir con la vital política exterior y los intereses de seguridad nacional al interrumpir la relación de Estados Unidos con México y otros países”, dijo el Departamento de Justicia en la demanda de 25 páginas.

El departamento presentó la demanda en una corte federal en Arizona y pidió una orden preliminar y permanente contra la polémica ley, que entraría en vigor el 29 de julio.

“Buscar enfrentar el problema a través de un mosaico del leyes estatales solo creará más problemas de los que resolverá”, dijo en un comunicado el fiscal general estadounidense, Eric Holder.

Oposición

Republicanos condenaron la demanda, al decir que la ley aún no entraba en efecto y que por lo tanto cualquier impugnación era prematura.

“El gobierno de Obama no ha hecho todo lo que puede para proteger a la gente de Arizona de la violencia y el delito que la inmigración ilegal trae a nuestro estado”, dijeron en un comunicado los dos senadores republicanos de Arizona, John McCain y Jon Kyl.

Funcionarios de Gobierno y críticos han condenado la ley, cuestionan su constitucionalidad e indican que llevaría a la discriminación étnica.

Un funcionario del Departamento de Justicia dijo que si la corte no acepta la demanda, el gobierno federal observará de cerca la aplicación de la ley, en busca de posible discriminación racial u otras violaciones a los derechos civiles.

México y varios grupos de libertades civiles se opusieron a la medida de Arizona, y aún quedan varias impugnaciones legales en la corte federal del estado.