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Demandan a condado por discriminación
Roxana Orellana tomaba su almuerzo en octubre de 2008 cerca de un estanque en Frederick, Maryland, cuando dos policías se le acercaron y le pidieron su identificación. Pocas horas después la madre de un niño de dos años fue entregada a las autoridades de inmigración.
Escrito por Julio MarencoMiércoles, 18 noviembre 2009 00:00
“No había indicio de que estuviera cometiendo actividad criminal, su interrogamiento y detención estuvieron basados en su apariencia étnica.”
José Pérez, abogado de Latino Justice
La mujer pasó 46 días en un centro de detención federal y salió en libertad provisional por razones humanitarias.
Varias organizaciones de derechos civiles han demandado a la Policía por este caso, el cual califican de aplicación de la ley con perfil racial. Los abogados de Orellana buscan una indemnización de $1 millón por daños y perjuicios. Aunque Orellana gane el caso, se podría ordenar su deportación.
“No había ningún indicio de que la señora Orellana estuviera cometiendo actividades criminales, su interrogamiento y detención estuvieron claramente basados en un solo elemento: su apariencia étnica”, señaló el abogado José Pérez, de Latino Justice.
El condado de Frederick está afiliado al programa conocido como 287g, por el cual los departamentos de Policía locales reciben entrenamiento y asistencia del gobierno federal para participar en tareas de verificación migratoria; pero los dos agentes que detuvieron a Orellana no habían recibido aún el entrenamiento.
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