Un futuro incierto es el que les espera a los inmigrantes indocumentados
que residen en Georgia, tras la aprobación ayer de la Ley de Seguridad
y Conformidad con la Inmigración o SB529 por parte de Sonny Perdue, gobernador
del estado.
Perdue dio paso con su firma a la ley, que es considerada por las organizaciones
comunitarias como la más nociva que ha surgido en Georgia en los últimos
años (ver recuadro con detalles de la ley).
El proyecto SB529 fue patrocinado por el senador republicano Chip Rogers,
y desde un inicio fue respaldado por la mayoría de políticos del estado,
especialmente por los republicanos.
Entre los estatutos de la ley SB529, se establece la restricción de los
servicios de salud a los indocumentados mayores de 18 años. Sin embargo,
no anula el derecho de las personas de recibir atención médica en caso
de emergencia o el de los niños a recibir educación pública, independientemente
de su situación migratoria.
Pero la ley sí requerirá que se verifique el estatus migratorio de las
personas para solicitar estos beneficios públicos.
Consternación entre activistas
Pese a que la mayoría de cláusulas de la SB529 no entraran en vigor hasta
en julio de 2007, los líderes activistas ya demostraron su preocupación
al respecto.
Tisha Tallman, directora regional del Fondo México Americano para la
Defensa Legal y Educativa (MALDEF), aseguró que tomará medidas legales
y que denunciará ante los tribunales la ley, pues la considera “inconstitucional”.
Por su parte, el mexicano Joe Mariscal, presidente de la organización
comunitaria Estamos Unidos, mostró resignación en la aprobación de la
SB529. “Ahora solo nos falta esperar que pronto sea aprobada una
reforma migratoria, porque es lo único que ahora puede minimizar el duro
efecto de esta nueva ley”, concluyó.
