La gobernadora de Arizona, la demócrata Janet Napolitano, vetó un proyecto
de ley que hubiera permitido que los trabajadores indocumentados pudieran
ser procesados ante la justicia como intrusos.
Napolitano dijo que no había recursos para pagar mayores esfuerzos por
parte de los policías y las autoridades judiciales.
Bajo la propuesta, los infractores que cometieran su primer delito habrían
enfrentado cargos de delito menor, con penas de hasta seis meses de cárcel.
Una segunda infracción hubiera sido un delito mayor, con penas de hasta
un año de prisión. La iniciativa permitiría que las autoridades locales
arrestaran a los indocumentados en cualquier parte de Arizona, el punto
de ingreso más transitado de Estados Unidos.
“Es desafortunado que la legislatura haya ignorado nuevamente a
los funcionarios más afectados por la inmigración ilegal y en su lugar
hayan considerado otro proyecto de ley que no tendrá ningún efecto sobre
el problema, pero impondrá una carga injustificada a los agentes de la
ley”, escribió Napolitano, haciendo referencia a la oposición de
la policía local a realizar labores de inmigración que corresponden al
gobierno federal.
Los partidarios de la propuesta dicen que habría dado al estado un segundo
cordón de seguridad para capturar a miles de inmigrantes que cada año
logran burlar los controles de los agentes federales. Los opositores dicen
que la iniciativa es un intento inconstitucional de hacer que la policía
local regule las leyes federales de inmigración, lo que alejaría a los
agentes de su tarea principal: la captura de verdaderos criminales.
Los políticos estatales que enfrentan contiendas de reelección han sentido
presión para abordar el tema de la inmigración ilegal, problema que hasta
años recientes era considerado únicamente como un asunto federal. De los
6 millones de habitantes de Arizona, unos 500 mil son inmigrantes indocumentados.
Georgia aprobó ley antiinmigrante
En tanto, el gobernador de Georgia, Sonny Perdue, sancionó el lunes una
iniciativa que restringe los servicios de salud a los indocumentados mayores
de 18 años y que faculta a los agentes de la policía local para que verifiquen
el estatus legal de los capturados, aún si son detenidos por delitos menores.
Además, la ley establece un cobro del 5% sobre las remesas que los inmigrantes
indocumentados envíen a sus países de origen.
