Un día después de que el Parlamento Europeo aprobó la Directiva de Retorno, el Gobierno de España anunció ayer que endurecerá su política de inmigración, elevando el tiempo de internación de inmigrantes ilegales de 40 días a 60, y limitando las posibilidades de reagrupación familiar al cónyuge e hijos menores de edad.
En este último caso, el ministro español de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, consideró que el cambio reduciría en un 40% el número de inmigrantes que podrían llegar a España en los próximos cinco años.
Además, el Gobierno ofrecerá la capitalización del subsidio de desempleo que tengan acumulado los inmigrantes para facilitar su regreso a los países de origen.
El endurecimiento de las políticas en España, uno de los principales países receptores de inmigrantes procedentes de latinoamérica y Africa, está en línea con la nueva directiva europea que permite la detención de indocumentados por hasta 18 meses.
La secretaria de Estado española para Iberoamérica, Trinidad Jiménez, aseguró el miércoles en Ecuador que la nueva normativa de la Unión Europea no busca perseguir al inmigrante, sino ordenar su entrada y asimilación al Viejo Continente.
“El mensaje que se ha querido lanzar desde la Unión Europea, aunque no se haya realizado de la manera más clara, es que los flujos migratorios tienen que producirse, pero de manera ordenada y de manera legal”, aseguró a periodistas.
Mientras tanto, la canciller de El Salvador, Marisol Argueta de Barillas, afirmó ayer que en el caso de España ya existe un “instrumento” suscrito y referido a los trabajadores temporales. El plan piloto lleva a los compatriotas a trabajar en pirotecnia.
