Los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 países de la Unión Europea acordaron ayer en Bruselas crear un sistema de registro de entrada y salida de inmigrantes antes de enero de 2010, señala la declaración final de la cumbre.

Para combatir la inmigración ilegal, los ministros del Interior trabajarán con más intensidad en la creación de normas comunes para los permisos de entrada y estancia de trabajadores altamente cualificados, recogidas en la “blue card” o tarjeta azul. Además, se impulsará el debate sobre propuestas para penalizar a los empresarios que contraten a inmigrantes indocumentados.

El acuerdo del viernes trata de revitalizar esfuerzos para imponer pautas comunes a la inmigración, que fueron lanzados por primera vez por los gobernantes en 1999 y de la cual forma parte la llamada Directiva de Retorno, que continúa cosechando críticas.

Una de las más fuertes fue la del presidente venezolano, Hugo Chávez, quien el jueves amenazó con cortar el suministro de petróleo a las naciones que apliquen esa medida. Los líderes de la UE calificaron ayer de desproporcionada la reacción de Chávez, considerando que es fruto del desconocimiento y la precipitación.

En ese sentido, el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, consideró que “quizá lo que convenga es explicarle exactamente al presidente de Venezuela en qué consiste esa directiva”.

La amenaza de Chávez relativa al suministro de petróleo no pareció impresionar a los responsables europeos.

Según las últimas cifras disponibles de la Comisión Europea, la parte del petróleo venezolano en la totalidad de importaciones de la Unión Europea representaba solamente un 0.9% en 2005.

Pero, España también pretende explicar al resto de países latinoamericanos que la Directiva de Retorno no es aplicable a España, así lo manifestó hoy la vicepresidenta primera del Ejecutivo español, María Teresa Fernández de la Vega, en rueda de prensa.