El gobierno de centroderecha del primer ministro italiano Silvio Berlusconi aprobó ayer un paquete de medidas de seguridad donde se incluye una ley en la que la inmigración ilegal constituye un delito, informó ayer el ministro del Interior, Roberto Maroni, en Nápoles.

La medida será sometida a votación en el Parlamento “para julio”, agregó Maroni, quien pertenece al partido populista de derechas Liga Norte, tras la primera reunión de gabinete de Berlusconi y sus ministros, realizada en la ciudad del sur de Italia.

Berlusconi dijo que no había que tener miedo y que la seguridad era un derecho que debe ser garantizado por el Estado. Por eso, agregó, las medidas para una mayor seguridad deberán entrar en vigor en julio.

“La seguridad es un tema grave, que afecta a todos los italianos. Con estas medidas, se les garantiza el derecho a no tener miedo, derecho que el Estado tiene el deber de garantizar”, dijo.

La propuesta fue criticada por la oposición de centroizquierda y otros grupos por cuestiones humanitarias. Patrizio Gonella, del grupo Antígona, de defensa de los derechos de los prisioneros, advirtió que los intentos de encarcelar a los alrededor de 500,000 inmigrantes indocumentados que se encuentran en Italia llevará a una “explosión en la población” de las cárceles italianas.

El paquete de seguridad también establece períodos de prisión de más de tres años para personas que obligan a los niños a mendigar —una medida destinada al parecer a la etnia Roma (gitanos)— y para los dueños de viviendas que alojan a inmigrantes indocumentados.

También serán sometidos a controles los ciudadanos comunitarios: se verificarán sus ingresos y eventuales enfermedades para evitar que pesen en la comunidad.

Maroni, autor del llamado paquete de seguridad, aclaró que este se aplicará con pleno respeto de las directivas de la Comunidad Europea.