Tras más de dos años de discusiones, los países de la Unión Europea (UE) acordaron ayer una nueva legislación con normas comunes mínimas para el retorno de inmigrantes ilegales, que fija un período máximo de retención de seis meses, ampliables a 18.

Los embajadores de los 27 ante la UE lograron cerrar un texto en el que finalmente no se garantiza a los indocumentados el acceso a asistencia legal gratuita en todo el territorio comunitario.

El proyecto de ley, que tendrá que ser validado por los ministros del Interior de los 27 miembros de la organización, y posteriormente votado en junio en el Parlamento Europeo, obliga a las autoridades nacionales a elegir entre legalizar o expulsar a las personas que entren en el país de manera clandestina.

Según el texto, el destierro de personas carentes de documentos, llamado “distanciamiento”, deberá hacerse de manera voluntaria. Pero si se resiste, podrán ser forzadas a marcharse y automáticamente recibirán una interdicción de entrar en el territorio de la UE durante cinco años. Este texto concierne tanto a adultos como a niños.

El último punto de discordia, la asistencia jurídica gratuita para los indocumentados, se cerró con una solución salomónica por la que esa ayuda legal se ofrecerá en función de las normas de cada país comunitario, según dijeron fuentes diplomáticas.

Por ello, la versión final no garantiza que se dé asistencia legal gratuita, sino que esa ayuda “puede” darse a los indocumentados de acuerdo con las prácticas nacionales.