El Gobierno de Estados Unidos reconoció que actuó con negligencia en el caso del salvadoreño Francisco Castañeda, al brindar una mala atención a un cáncer mientras esperaba su deportación a El Salvador.
Y aunque hay una demanda que podría terminar en una compensación económica, su hermana Yanira afirma que lo más difícil es que aún no ha podido superar la soledad en la que la dejó sumida el deceso del compatriota, así como las limitaciones que le imponen las políticas migratorias de los Estados Unidos.
De los cuatro hermanos Castañeda que emigraron de San Salvador a Los Ángeles, dos fueron deportados por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, siglas en inglés), mientras que Francisco Castañeda murió el pasado 16 de febrero, por no recibir tratamiento médico para combatir el cáncer que destruyó sus órganos reproductivos durante el tiempo que estuvo en un centro de detención.
Ahora, Yanira es la única que reside en Los Ángeles, amparada en el Estatus de Protección Temporal (TPS, siglas en inglés).
“Me quedé sola, mi hermano se murió y a los otros me los deportaron, nosotros vinimos a buscar un mejor futuro junto a mi mamá pero el sueño americano se nos convirtió en pesadilla”, explicó la salvadoreña.
Al ver el sufrimiento y el dolor de su hermano la connacional prometió buscar justicia en el trato que se le brinda a los inmigrantes detenidos. El tema, de hecho, fue retomado en mayor pasado por el senador Robert Menéndez, quien presentó un proyecto de ley para mejorar el cuidado de salud que reciben los inmigrantes arrestados en EUA.
En el caso de los Castañeda, apoyados por la organización Public Justice, pudieron sacar a la luz los atropellos que estaban cometiendo las autoridades federales al no brindar la adecuada atención médica a los detenidos, y llevaron su caso hasta el Senado en octubre pasado, donde Francisco pudo brindar su testimonio.
El calvario de Francisco comenzó en una cárcel del condado de Los Ángeles, adonde fue enviado en diciembre del 2005, tras ser declarado culpable por posesión de metanfetaminas. En la cárcel se le diagnosticó una severa lesión en su pene, las autoridades de inmigración lo enviaron a un centro de detención en marzo del 2006, donde estuvo recluido casi un año sin la debida atención y tratamiento para su condición de salud.
Gracias a la intervención de Public Justice y el esfuerzo de Yanira, Francisco recobró la libertad condicional pero no su salud. Antes de morir tuvo que soportar una cirugía en la que le amputaron el pene, buscando salvarle la vida, pero el esfuerzo fue en vano.
Y aunque ahora el tema está en agenda, Yanira Castañeda respalda todos estos hechos y se siente satisfecha por la lucha, la cual dice debe seguir para que no olviden a su hermano.
Pero no es su único problema, los dos hermanos que están en El Salvador necesitan su apoyo económico.
“Mientras mi TPS aguante, me quedaré aquí, dicen que puedo arreglar por NACARA, pero con tanto problema con las autoridades de migración ya no estoy segura de nada”, concluyó.