Un jurado de Carolina del Norte acusó ayer a 26 miembros de la pandilla Mara Salvatrucha por varios delitos cometidos en Estados Unidos y en El Salvador entre 2003 y junio de 2008. El acusado de ser el cabecilla se encontraba detenido en el penal de Ciudad Barrios y ayer fue trasladado al penal de máxima seguridad de Zacatecoluca.

Horas antes del traslado, el Departamento de Justicia estadounidense había informado en un comunicado que los detenidos en Charlotte se enfrentan a cargos de crimen organizado, cuatro asesinatos, narcotráfico, posesión ilegal de armas, extorsión, intimidación de testigos y obstrucción a la justicia, entre otros.

Manuel Ayala, el cabecilla, según las autoridades estadounidenses, ordenaba desde aquí a las ramificaciones de la pandilla en Estados Unidos que cometieran delitos relacionados con extorsión y tráfico de drogas. Ayala cumple una condena de 12 años de prisión por el delito de homicidio.

Lazos transnacionales

El secretario de Justicia de Estados Unidos, Michael Mukasey, señaló que las “bandas criminales como la ‘MS-13’ no reconocen las fronteras, lo que significa que hoy en día la cooperación internacional es más importante de lo que era con anterioridad”.

“Este caso subraya la importancia de dicha cooperación en la desmantelación de organizaciones criminales internacionales”, agregó el comunicado en el cual también se reconoce la presencia en el acto en Estados Unidos de José Luis Tobar Prieto, subdirector general de la Policía Nacional Civil (PNC).

El mismo Tobar Prieto declaró posteriormente, de acuerdo con el portal de la cadena CNN, que este caso es gracias al aporte del Centro Transnacional Antipandillas, el cual “ha reforzado y mejorado el intercambio de información e inteligencia entre agencias de Policía en El Salvador y los Estados Unidos, haciéndolo un proceso ágil, fluido y oportuno.”

De hecho, en el traslado de Ayala a la cárcel en Zacatecoluca estuvo presente Leo Navarrete, del Buró Federal de Investigaciones (FBI, siglas en inglés), quien detalló que en esta investigación que se coordinó desde 2007 se había logrado establecer que los acusados “tenían comunicación telefónica y de persona a persona, y (así) era cómo recibían las instrucciones para cometer los delitos como homicidios, extorsiones, drogas, tráfico de armas, entre otros”.

La acusación especificó que los cuatro asesinatos cometidos por la banda callejera ocurrieron en las localidades de Greensboro y Charlotte, ambas en el estado de Carolina del Norte.

Asimismo, los imputados eran obligados por la cúpula de la pandilla a cometer actos violentos para mantener su afiliación y la disciplina dentro de la organización, entre los que se incluyen ataques a bandas callejeras rivales, señaló el Departamento de Justicia.

Muchos de los dirigentes, con frecuencia llamados “voces”, se encuentran presos en El Salvador, señala el texto.

La mayoría de los detenidos, de los cuales se informó eran salvadoreños, se encontraba de forma ilegal en Estados Unidos y dos de ellos ya tenían registros de deportaciones previas.

De acuerdo con el comunicado del Ministerio de Justicia estadounidense, los 26 imputados se enfrentan, en caso de ser hallados culpables, a una pena máxima de 20 años de prisión.

Al menos 13 de los acusados enfrentarían cárcel de por vida al estar involucrados en asesinatos y tráfico de drogas.

De los 26 acusados ayer en Estados Unidos, que se suman a más de un centenar de pandilleros acusados bajo la ley Rico, 12 fueron capturados, 13 ya están en prisión y tres más son fugitivos. Y aunque en el comunicado se dan a conocer los nombres de los 26 acusados, las autoridades se negaron a divulgar los nombres de los sospechosos que están prófugos.

Algunos de los detenidos, mencionados en la lista de acusaciones —que en total incluye 55 cargos—, fueron arrestados durante operativos realizados el martes por la mañana y para la tarde ya estaban bajo custodia. Otros ya estaban en prisión por haber cometido otros delitos, señaló la fiscal federal de Carolina del Norte, Gretchen Shappert.

Por su parte, el comisionado Héctor Mendoza Cordero, subdirector de investigaciones de la PNC, afirmó que con base en el operativo en Charlotte, ayer por la tarde se realizó un registro en el penal de Ciudad Barrios en donde se habían decomisado 14 celulares y 21 chips para teléfonos móviles y que al momento de brindar la información el registro continuaba en esa prisión.

Otro traslado

Ayer, junto a Ayala, también fue trasladado al penal de Zacatecoluca, Jaime Alirio Mira Mixco, condenado a 20 años de prisión por robo, tenencia y conducción de armas de guerra.

Según el director general de Centros Penales, Gilbert Cáceres, a los dos internos se les había estado monitoreando y siguiendo su conducta; y, de acuerdo con el diagnóstico de especialistas, requieren tratamiento especial en el penal de máxima seguridad.