La Organización de Estados Americanos (OEA) discutirá mañana en una reunión extraordinaria de su Consejo Permanente la normativa sobre repatriación de inmigrantes indocumentados aprobada recientemente por el Parlamento Europeo.

La reunión fue solicitada por la embajadora de Perú en la OEA, María Zavala, quien dijo ante el pleno del organismo que “preocupa entre otras cosas que se apruebe el internamiento de hasta por 18 meses de un migrante en situación irregular, inclusive a partir de una orden administrativa o que se considere que desde un centro de internamiento especializado un estado de la UE pueda recurrir a un centro penitenciario”.

La diplomática consideró que esa y otras medidas contenidas en la normativa común, que se implementará en 27 estados miembros de la UE, “contradice principios y normas aceptadas sobre derechos humanos, libertad personal y garantías personales en múltiples normativas internacionales”.

A la reunión de mañana han confirmado su asistencia los ministros de Relaciones Exteriores de Perú, Colombia, Bolivia y Paraguay, quienes expondrán la visión de sus gobiernos sobre el tema. Esos países cuentan con extensas comunidades de inmigrantes en varios países europeos.

La embajadora salvadoreña, Abigaíl Castro de Pérez, dijo que los cancilleres centroamericnos no asistirán a la reunión, puesto que el mismo día se celebrará en San Salvador la reunión preparatoria de los ministros previa a la cumbre de presidentes del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), que se realizará el viernes.

Pero la diplomática peruana dijo que la discusión puede “generar importantes aportes para determinar cursos de acción que se podrían seguir para abordar el tema migratorio desde una perspectiva de derechos humanos”.

En ese sentido, el único representante que expresó algunas reservas sobre la pertinencia de la discusión fue el embajador estadounidense, Héctor Morales, quien manifestó que Washington apoyaba la discusión, pero recalcó que “es importante tener en mente que cada país y cada región tiene el derecho de promulgar y aplicar sus leyes migratorias y le corresponde a cada país el derecho de como lidiar con situaciones como la migración”.

En ese sentido, el diplomático dijo que esperaba que la reunión del jueves tomara en cuenta el balance entre la preocupación de los gobiernos por sus connacionales y el derecho de los países a promulgar sus leyes.

La embajadora peruana recordó que según cálculos de la misma UE, la normativa afectará a cerca de 8 millones de personas en la zona común europea y que lo contenido en la legislación “contradice también el espírito de la  reciente cumbre entre América Latina y la Unión Europea, referida a la necesidad de un diálogo comprensivo en materia migratoria”.