Corresponsal LPG desde Washington, D.C.

Alfredo Prieto recibió el viernes de la semana pasada su segunda y tercera pena de muerte. El salvadoreño, sobre quien pesa ya una condena a ser ejecutado en California por el asesinato de una adolescente en 1990, recibió de parte de un juez del condado de Fairfax, en Virginia, dos condenas idénticas por la violación y el asesinato en 1988 de Rachel Raver. La misma noche, según la Policía, Prieto también asesinó al acompañante de la mujer, Warren Fulton. Ambos tenían 22 años. La defensa de Prieto intentó convencer al jurado de que el salvadoreño, de 42 años, padece de retraso mental, lo cual lo hacía inelegible para la pena de muerte. Las pruebas psiquiátricas demostraron que Prieto tiene un coeficiente intelectual de 70, lo cual lo coloca ligeramente debajo del promedio considerado normal.

Pero el juez Randy Bellows, al igual que el jurado que decidió en febrero pasado que Prieto era culpable por los dos asesinatos, consideró que ese factor no era determinante.

“La noche que usted los mató, usted hizo de los últimos momentos de vida (de Raver y Fulton) lo que podríamos definir como un infierno viviente”, le dijo el juez a Prieto. En seguida, el jurista pronunció las dos sentencias. El jurado demoró tres semanas en deliberar hasta llegar a la sentencia de muerte.

En la audiencia final, el juez Bellows también le recriminó a Prieto el dolor que las muertes de los dos jóvenes causó en sus familiares, quienes llegaron hasta la sala del tribunal para escuchar la sentencia.

“Usted hizo de sus vidas un infierno. Ellos nunca se recuperarán. No podría usar mejores palabras para describir lo que sienten todavía que las que usó la señora Jackie Fulton (madre del joven asesinado): la bala que usted le disparó a su hijo lo atravesó a él y se alojó en el corazón de ella”.

Cuando tuvo la oportunidad de hablar, Prieto dijo: “No tengo nada que decir, por recomendación de mis abogados”.

La defensa de Prieto planea apelar la sentencia, en un proceso que podría demorar hasta cinco años. De hecho, la ley penal de Virginia obligó al juez a imponer inmediatamente una fecha para la ejecución, que fijó para el 3 de octubre, pero en la misma audiencia revocó la fecha dado que la defensa presentó la moción para apelar inmediatamente.

En adelante, el caso de Prieto queda en manos de la Corte Suprema de Virginia, pero usualmente la defensa recurre, en caso de que la sentencia sea confirmada, a la Corte Suprema Federal.

Pero además, la Fiscalía del condado de Prince William también de Virginia, planea presentar a la corte este mismo año el caso del asesinato de Verónica Ferguson, una mujer de 24 años violada y asesinada en 1988. Las pruebas de AND encontradas en la víctima incriminan también a Prieto en el homicidio. La Fiscalía planea presentar el caso a la corte en septiembre próximo.

La Policía también tiene evidencias del involucramiento de Prieto en el asesinato de Manuel Sermeño en 1988, pero con tres sentencias a muerte ya impuestas, es poco probable que sea juzgado por ese caso. La última vez que el Estado de Virginia ejecutó a un condenado a muerte fue en 1998, tras un proceso de apelación de una sentencia por asesinato con arma de fuego que duró cinco años.