“Hace 100 años, muchos europeos tenían tres alternativas: Ir a la guerra, morir de hambre o ir a la Argentina”, con esas palabras el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, cerró ayer la sesión del organismo, que aprobó una resolución que le manda conformar una delegación de alto nivel que viaje a Europa para discutir ante las instancias comunitarias las preocupaciones de los gobiernos del continente por la normativa de inmigración, que el Parlamento Europeo aprobó el 18 de junio pasado.

La comitiva, que aún no está conformada ni tiene fecha de viaje, buscaría, según la resolución, “obtener información de primera mano sobre la Directiva de Retorno y buscar soluciones prácticas, a través del diálogo, a las inquietudes expresadas por algunos Estados miembros con respecto a dicha Directiva”.

Sin embargo, en sus discursos ante el pleno del organismo, gobiernos como los de Perú, Bolivia y Venezuela han dejado claro que ese diálogo no busca otra cosa que la derogación de esa normativa.

El canciller peruano, Antonio García Belaúnde, quien presentó la resolución ante la OEA, dijo en que la normativa, que contempla el internamiento de inmigrantes indocumentados hasta por 18 meses en centros de detención, es una contradicción al espíritu de la declaración de jefes de Estado de América Latina y Europa, celebrada en Lima en mayo pasado.

A la reunión asistieron también el canciller colombiano, Fernando Araújo, y los vicecancilleres de México, Lourdes Arandia, y de Paraguay, Antonio Rivas. Esos países son los que cuentan con las poblaciones de inmigrantes más numerosas en Europa.

El Salvador, representado por la embajadora Abigaíl Castro de Pérez, anunció que se adhería a la resolución y que tendría presencia en la comisión que viajará a Europa a escala ministerial, es decir, por la canciller Marisol Argueta de Barillas.

Las posiciones de los países miembros, salvo Estados Unidos y Canadá, fueron de preocupación por la normativa, sobre todo en lo relativo a la protección de los derechos humanos de los indocumentados. En un extremo, la representante venezolana, quien leyó parte de un discurso pronunciado la semana pasada por el presidente Hugo Chávez, exigía “la inmediata derogación de la bochornosa directiva europea”.

Sin embargo, el embajador costarricense, José Enrique Castillo, dijo que si bien Costa Rica apoyaba la iniciativa, lo hacía desde el reconocimiento de que “aún no superamos la desigualdad escandalosa heredada desde la época colonial” y que las migraciones, sobre todo las irregulares, se deben “a conflictos internos que muchas veces obedecen a intereses oligárquicos” que los países expulsores tienen responsabilidad de resolver.

El delegado estadounidense, Héctor Morales, avaló la discusión, pero dejó claro que su país no buscará una derogación de la Directiva por considerar que cada nación tiene derecho de promulgar y hacer cumplir sus leyes.

Insulza reconoció que es difícil que Europa retroceda, pero recordó que la Directiva, que entrará en vigor en 2010, solo se convertirá en ley cuando cada uno de los 27 países miembros de la UE la ratifique y la incorpore a sus sistema legal. En ese sentido, para Insulza, una vía de negociación sería la de cabildear directamente con los países en los cuales los países americanos tienen mayores poblaciones migrantes.