Autoridades federales, estatales y locales desbarataron el miércoles una célula de pandilleros al procesar por cargos federales a 70 de sus integrantes, incluyendo cuatro inmigrantes, en un operativo para limpiar un barrio infestado de crímenes, intimidación de testigos, extorsión y ataques a policías.
Los integrantes hispanos de la pandilla fueron acusados de narcotráfico y lavado de dinero en una querella de 157 páginas presentada por un jurado investigador federal el 12 de junio, pero hecho público el miércoles.
Por la mañana, más de 500 agentes de agencias del orden arrestaron a 28 de los acusados en un barrio del noreste de la ciudad, anunciaron las autoridades. Otros 26 acusados ya estaban encarcelados y 16 están prófugos, agregaron. Asimismo se arrestó a cuatro simpatizantes por cargos migratorios.
“Estos inmigrantes, al igual que otros cuatro arrestados en el curso de la investigación, eran usados como vigilantes, vendedores de narcóticos y se les daban tareas menores”, dijo Robert Schoch, agente especial de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). “La mayoría de ellos son de México”, agregó.
De los acusados, 51 enfrentan cargos bajo la La Ley contra Organizaciones Corruptas Influidas por el Crimen Organizado (RICO, por sus siglas en inglés), que sostiene que la pandilla es una organización delictiva creada para distribuir cocaína crack, cocaína y mentanfetaminas. Esta ley federal también alega que el grupo delictivo realizó una serie de actividades ilegales -como asesinatos, intimidación de testigos, y ataques a policies- para mantener su dominio del vecindario latino.
Durante el operativo mediante el cual se desbarató a un tercio de la célula de entre 150 y 200 integrantes activos, las autoridades confiscaron 35 armas, incluyendo siete pistolas, apuntó la Agencia Federal de Control de Armas de Fuego, Explosivos, Tabaco y Alcohol (ATF, por sus siglas en inglés).
El operativo es resultado de una investigación de 10 meses en la que participaron la procuraduría federal, la agencia antinarcóticos, el FBI, la ATF, la Agencia de Control de Aduanas e Inmigración, el Servicio de Recaudación de Impuestos, la procuraduría municipal de Los Angeles, la policía federal, los departamentos policiales de Los Angeles, Ontario, Riverside, Long Beach, y Glendale, así como el alguacil del condado de San Bernardino y Riverside.
Los cargos que enfrentan algunos de los acusados podrían conllevar sentencias de cadena perpetua sin posibilidad de libertad bajo fianza.
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