República Dominicana comenzó a sentir ayer la aplicación de impuestos a más de 200 productos alimenticios y educativos como parte de la reforma tributaria puesta en marcha esta semana para adecuar la economía al tratado de libre comercio con Estados Unidos, que aún no entra en vigor.
El titular de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), Juan Hernández, recordó el martes que el precio de los productos no será incrementado, sino que la reforma fiscal amplió el número de mercancías gravadas con el impuesto a la transferencia de bienes y servicios (ITBIS), del 16%.
Aunque ese impuesto a los productos básicos comenzó a aplicarse de forma oficial el 1.º de enero, ese día los negocios estuvieron cerrados por el feriado del Año Nuevo, mientras que el lunes la mayoría de los comercios y oficinas tampoco trabajó.
Al volver a las actividades normales, tras el asueto, los dominicanos se encontraron el martes con el aumento de precios, ello por la aplicación del ITBIS a los mariscos, cereales, alimentos infantiles y productos educativos, que hasta el 31 de diciembre pasado estaban exentos de impuestos.
La reforma fiscal estableció además un incremento del 25% al impuesto del diésel y del 35% al gravamen de la gasolina premium, lo que impactará en todos los productos, en el transporte y en las tarifas eléctricas, puesto que el 70% de la electricidad es generada en termoeléctricas.
Al proponer el incremento de impuestos a los hidrocarburos, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, argumentó el mes pasado que esa medida tenía como objetivo no gravar el azúcar, el café y el aceite vegetal, como pedía el Ejecutivo.
“Espero que el equipo económico del gabinete evalúe esa situación y presente alternativas para tratar de perjudicar lo menos posible a la población”, indicó este martes Reynaldo Pared Pérez, secretario general del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Reforma fiscal aprobada de urgencia
La reforma fiscal fue aprobada por el Congreso Nacional (bicameral) el 8 de diciembre pasado, a fin de compensar la caída de ingresos que registrará el Estado por el desmonte arancelario que implicará la entrada en vigor del tratado de libre comercio con Estados Unidos y Centroamérica (CAFTA-DR, por sus siglas en inglés).
El Ejecutivo insistía en que el desmonte de los impuestos a la importación representará durante 2006 la pérdida de ingresos por 27 mil 979 millones de pesos (unos $822.9 millones).
Según los cálculos del Congreso, la reforma fiscal —que incluye la aplicación del ITBIS a los productos que estaban exentos—, el aumento del gravamen a los combustibles y el incremento del impuesto sobre la renta (ISR) permitirán al Estado recaudar 24 mil 630 millones de pesos (unos $724.4 millones) en 2006.
Pese a que la reforma fiscal fue aprobada de urgencia para que entrara en vigor el 1.º de enero junto con el CAFTA, el secretario de Comercio, Francisco Javier García, anunció el 21 de diciembre que el país se unirá al acuerdo comercial hasta el 1.º de julio próximo, por lo que el desmonte arancelario también será aplazado, a pesar de que la isla cumplió a tiempo con todos los requisitos de dicho tratado.
