Antes de elaborar su nueva estrategia quinquenal 2009-2014, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) le apuesta a motivar a varios presidentes de Centroamérica, incluidos Belice y República Dominicana, a impulsar nuevas políticas públicas que mejoren las condiciones de seguridad, migración, democracia y comercio en la región.

La estrategia será lanzar una serie de ponencias, dirigidas por catedráticos de la Universidad de Chicago, específicamente de la escuela Harris, quienes disertarán ante los mandatarios con análisis sobre los desafíos de la migración, la promoción del desarrollo por medio del comercio, el balance del poder en una democracia y la economía del crimen.

Antonio Cabrales, presidente de la entidad, afirma que es buen momento para discutir estos temas, porque se requiere “consolidar la democracia, porque estamos en una democracia electoral, pero nos falta pasar a una democracia ciudadana”, y agrega que también es un reto para los presidentes del istmo estructurar políticas para evitar la fuga de cerebros con la migración y para combatir la economía del crimen.

“A más de alguno de ellos les tiene que impactar, y que se den cuenta de que no va a ser solo con mano dura que se va a resolver el problema”, afirma Cabrales, quien reconoce que la idea es que de ese encuentro, programado para el 29 y 30 de octubre, surjan nuevas reformas o “nuevas formas de hacer políticas públicas, porque la impunidad reina en toda la región”, acotó.

“Se abordará cómo los incentivos económicos influyen en la criminalidad, y cómo se evalúa el costo-beneficio de involucrarse en una actividad delictiva”, agregó Roberto Rivera Campos, jefe del departamento de Estudios Económicos y Sociales (DESS).

FUSADES espera que con este evento, al que están invitados también empresarios, académicos y organizaciones de C.A., se retome nuevamente la necesidad de reformar legislaciones.

“La región tiene como reto adecuar su legislación a la realidad de violencia que se vive, pero no solo haciendo cambios legislativos, sino asegurar que funcionen los sistemas judiciales y que se potencia una reinserción real”, dijo Claudia Umaña, del departamento Legal de la fundación.