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El desempleo es el problema más grave en el ámbito social con el que lidia el gobierno de Mariano Rajoy, pero no el único. El objetivo de sanear las cuentas públicas, y el sistema financiero a toda costa no solo ha complicado la salida de la crisis sino que mantiene a España en el punto de mira internacional por las dudas sobre su solvencia.
Desde que asumió el cargo a finales de diciembre, Rajoy ha adoptado una serie de medidas, casi todas impopulares, que incluyen drásticas reducciones de gasto en sanidad o educación y subidas generalizadas de impuestos.
El Gobierno considera imprescindible cumplir el objetivo de reducción de déficit del 8.5% actual al 5.3% del PIB a finales del año.
Según Alfredo Pastor, profesor de la IESE Business School en España, las perspectivas inmediatas no auguran un cambio de rumbo positivo. España sigue necesitando reformas más profundas, consideró Pastor. En una situación de recesión, y además de la reforma laboral, el Gobierno tiene que adoptar otras medidas para que el crédito fluya a las empresas y se pueda crear empleo.
Desde hace tres semanas, el sobreprecio de los bonos españoles a 10 años en el mercado secundario, que marca la financiación para un Estado y sus bancos, se mantiene cercano al 6%.
Asimismo, la prima de riesgo en comparación con el bono de referencia alemán sigue por encima de los 400 básicos. Aunque no existe una regla general, una prima de riesgo superior a los 400 puntos y un interés constante cercano a 7% de los bonos a largo plazo para financiarse marcan una línea roja de quiebra, que puede conllevar a la necesidad de un rescate financiero similar al que la Unión Europea puso en marcha para Grecia, Irlanda y Portugal.
Parece que los mercados dicen que los bancos españoles van a necesitar ayudas, porque no van a poder cobrar esos préstamos y el Gobierno no va a poder pagar, explicó Gayle Allard, del IE Business School en Madrid. A España no le está yendo bien, pero no es Grecia.