El recorte del subsidio para el transporte público está en plena negociación, pero el Gobierno tiene la determinación de no exceder su capacidad para entregar dinero a los empresarios que poseen unidades.

“El subsidio al transporte sí lo tenemos que cortar”, dijo el presidente de la República, Mauricio Funes.

El gobernante afirmó que están dispuestos a escuchar las propuestas de los transportistas para reducir el impacto que tendría para ellos la reducción del subsidio. Sin embargo, dejó claro que no permitirán un aumento del pasaje: “La tarifa la vamos a dejar tal como está, no estamos autorizando ningún incremento”.

Recordó que el transporte público es un servicio controlado por el Estado, que los transportistas no son dueños de las líneas y, por lo tanto, pueden retirárselas. “No vamos a tolerar que amenacen, no al Gobierno, al pueblo salvadoreño, a quien van a afectar con un incremento tarifario... Si ellos suspenden el servicio y no hay ninguna justificación para ello, también corren el riesgo de que pierdan la concesión que el Gobierno les ha dado”, aseguró.

Carlos Cáceres, titular del Ministerio de Hacienda (MH), recordó que ya se conoció públicamente la propuesta de reducir a la mitad lo que reciben los propietarios de autobuses y de microbuses. “Hay una mesa de transporte, que es la que está caminando con esto”, comentó.

Los fondos para financiar este subsidio salen de los $0.10 que pagan los automovilistas por cada galón de gasolina en concepto de Contribución Solidaria para el Transporte (COTRANS). Según Cáceres, por este cargo en la compra de combustible se obtienen $3 millones mensuales, es decir, un estimado de $36 millones al año, “y se reducirá cerca de la mitad (el subsidio)”, explicó.

El año pasado, el gasto superó la recolección de COTRANS y se requirieron $52.4 millones para mantener el subsidio al transporte público. Estos desbalances ejercen presión sobre el fisco, que debe buscar fondos en fuentes alternativas. “Ya se les dijo (a los transportistas) que recursos para subsidio está solo lo que el COTRANS da”, enfatizó el ministro de Hacienda.

Desde enero hasta abril de este año, esta contribución permitió recaudar $11.8 millones.

Para nivelar la caja chica de Hacienda será necesario reducir la cantidad que se entrega por unidad: $750 por autobús y $375 por microbús. Así, la cantidad que aporta el COTRANS podría ser suficiente y dar abasto.

Los transportistas, sin embargo, defienden que eso que reciben ahora no es suficiente. Denuncian que los costos del diésel y del mantenimiento de sus vehículos ha incrementado este año al punto que tienen escasos márgenes de ganancia por la actividad.

Plantearon que si les llegan a reducir la cantidad subsidiada, se verán obligados a incrementar el pasaje y llevarlo a $0.46, de $0.25 que cuesta ahora.

La decisión sobre esta subvención estatal la adelantó el presidente Funes, el fin de semana pasado. Entonces, el mandatario destacó que la propuesta de la reducción vino del Gabinete Económico, del que Cáceres forma parte. También se comprometió a no tocar los otros tres subsidios (ver nota aparte, sobre el gas propano).

De igual manera, Cáceres criticó a los maestros que pedían un aumento acumulado y de mayor porcentaje que el 20% que se les aprobó. Las gremiales de maestros se han manifestado frente a las instalaciones de Hacienda para pedir este incremento.

Cáceres les recomendó que se dirigieran “a sus titulares”, pues ya se le había entregado un presupuesto fijo al Ministerio de Educación (MINED).

Complemento

Este reordenamiento general de los subsidios forma parte de los esfuerzos que está emprendiendo el Gobierno para bajar el gasto público. En otras palabras, son acciones complementarias a la política de austeridad.

Cáceres reiteró que con el decreto que se publicó en el Diario Oficial se podrá ahorrar un estimado de $31 millones, equivalente a lo que gasta anualmente el Estado –ministerios y autónomas– en adquirir bienes y servicios.

Entre las medidas que adoptarán las instituciones está el congelamiento de contrataciones de nuevo personal, la restricción de viajes financiados con fondos públicos, los refrigerios a personal o invitados y la elaboración de uniformes. También se rechazarán las transferencias de recursos adicionales a lo que ya se había presupuestado en 2011.

El año pasado, los gastos del Estado superaron en $906 millones a los ingresos que tuvo el fisco.