El nuevo anteproyecto para la ley del agua despertó un profundo escepticismo en el sector privado, de manera que abogarán por un análisis profundo en el Congreso.
La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) cuestionó varios puntos de la propuesta que surgió desde la Secretaría Técnica de la Presidencia (STP). Este día, los diputados de la comisión de medio ambiente y cambio climático celebrarán un foro para discutir el proyecto, y la asociación aprovechará para ahondar en el tema.
Una de las preocupaciones para los miembros de la ANEP es la propuesta para aprobar permisos. Los privados gozarán del permiso durante 10 años y las instituciones públicas, 20, con la posibilidad de que en el camino se revoque.
Según Waldo Jiménez, director de asuntos económicos en la ANEP, no hay derechos adquiridos en la ley. ¿Qué seguridad jurídica se crea con esto? Ninguna; de hecho, es al revés, criticó.
El anteproyecto de ley del agua establece que si la normativa entra en vigor, todos los permisos volverán a ser evaluados y todos los que ahora tienen ese permiso quedarán en el limbo, comentó Jiménez.
Agustín Martínez, presidente de la Cámara Agropecuaria y Agroindustrial (CAMAGRO), agregó que nadie va a invertir si en 10 años se verá en una situación en la que podría quitársele un permiso.
También les preocupan unas tarifas o cánones que cobraría el ente regulador de la ley por usar el agua, consumirla y luego verterla contaminada. Quien obtiene el recurso desde la fuente también tendrá que encargarse de procesar el agua para reducir los niveles de contaminación, de acuerdo con el anteproyecto. Estamos hablando de competitividad aquí y no sabemos si en otros países vecinos los agricultores u otros empresarios enfrentarán estos cánones (tarifas), comentó Martínez. En este punto, Jiménez destacó que la medida afectará a organizaciones, comunidades y pequeñas empresas que han buscado fuentes de agua en lugares remotos, ante la imposibilidad de que el servicio lo provea el Gobierno.
Finalmente, Jiménez destacó que el ente regulador absoluto será el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN): entregará o revocará permisos, cobrará multas y recibirá lo pagado para su presupuesto institucional. Además, el MARN podrá aplicar la ley mientras se crea el reglamento, durante dos años. Una sola entidad tendrá regulado todo el país, y como hemos visto, no ha podido ni siquiera con sus propias tareas, observó Jiménez.
Martínez dijo que recomendará incluir más incentivos, en lugar de llenarla con penalizaciones. Los usuarios con potencial para promover la renovación del recurso no están siendo tomados en cuenta, dijo.