Competencia exige que FGR agilice pagos

El nombramiento del nuevo fiscal general permitirá la agilización de los trámites que por la misma acefalía se habían quedado pendientes, como las millonarias multas que ha dictado la Superintendencia de Competencia (SC) para diversas empresas y grupos que han violado la ley.

El superintendente de Competencia, José Argumedo, pidió al nuevo titular de la Fiscalía General de la República (FGR) cobrar las multas impuestas por infracciones a la Ley de Competencia (LC), que ascienden a más de $6 millones entre todas.

Argumedo solicitó a Romeo Barahona agilizar el cobro de $6.035 millones, en concepto de 18 multas que no han sido pagadas por los agentes económicos que han cometido las infracciones en sus prácticas comerciales o frente a otras empresas similares.

“Perjudican la eficiencia económica y el bienestar de los consumidores”, dijo.

Las multas, que fueron impuestas por el Consejo Directivo (CD) de la Superintendencia de Competencia, deben ingresar al Fondo General de la Nación. No existe justificación alguna para que estas no hayan sido canceladas.

Según el artículo 73 del reglamento de la LC, el obligado al pago de una multa deberá presentar a las oficinas de la SC con original y fotocopia del recibo de ingreso emitido por la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda, a más tardar tres días después de haber efectuado el pago, como constancia de cumplimiento.

El artículo 74 de dicho reglamento, además, establece que transcurridos ocho días después de declarada firme la resolución de la SC, y si la multa no ha sido pagada, “el Superintendente solicitará al Fiscal General de la República, que los adeudos respectivos, se hagan efectivos por la vía de la ejecución”, es decir, el pago.

En 2008, la SC solicitó en tres ocasiones el cobro de las multas a la FGR, a través de cartas enviadas el 7 de enero, el 8 de septiembre y el 16 de septiembre. Las misivas no rindieron fruto.

A pesar de que existen casos en los que la misma Corte Suprema de Justicia ha ordenado que las empresas paguen, no ha ocurrido. En cuanto a los casos, se trata de 16 agentes económicos, o adeudos. Pero además hay otros agentes sin pagar que tampoco han cesado las prácticas por las que fueron multados.