RBS señala reforma fiscal es necesaria

Si bien el actual momento de recesión económica que atraviesa El Salvador no es el mejor para implementar una reforma fiscal que suponga que las empresas deban desembolsar más dinero para el Estado, dichas enmiendas son necesarias, debido a la situación deficitaria de las finanzas públicas, aseguró The Royal Bank of Scotland (RBS) en su más reciente informe sobre el entorno fiscal del país.

“El dilema que enfrentan las autoridades es que están siendo forzadas a aumentar la carga tributaria en medio de una severa recesión”, indicó Boris Segura, analista para América Latina del RBS, y autor del informe.

Segura explicó que, según el comportamiento de los indicadores económicos del país, se puede esperar que la crisis económica aún se profundice a finales de 2009, y que el año termine con un decrecimiento del -2.5% del producto interno bruto (PIB).

“Para 2010 esperamos una recuperación anémica del 0.5%, lo que mantendrá la presión sobre las cuentas fiscales”, apuntó.

Finanzas en rojo

El informe destaca el hecho de que este no es un escenario apropiado para impulsar una reforma fiscal, que implicará mayores desembolsos por parte del sector privado, en momentos en que éste debería dedicarlos a la inversión, para que la economía pueda recuperarse.

Sin embargo, advirtió que, sin los recursos adicionales de alrededor de $240 millones, la ya frágil situación fiscal del país se deterioraría aún más (ver gráfica), y el déficit rondará el 5.4% a finales de año. “No esperamos un alivio fiscal a partir del débil punto de partida de 2009, el déficit permanece alto. Por eso es clave la aprobación de esta reforma, a pesar de lo desfavorable de la actual fase del ciclo económico”, sostiene el RBS.

El análisis de esta entidad va más allá aún, y afirma que, en el futuro cercano, las autoridades deberán considerar una nueva ola de reformas, que sí incluya aumentos en las tasas impositivas, como el IVA.

Por otra parte, en el reporte se critica el hecho de que el proyecto de reforma fiscal tal cual ha sido presentado no incluya medidas para controlar el gasto estatal.

“Hay un gasto desproporcionado en subsidios, sobre todo a la electricidad y al gas propano. El costo de los subsidios ronda un 1.5% del PIB, lo cual representa una rango muy alto para un país que solo recauda un 13% del PIB en concepto de tributos”, señala.

Otro punto criticado por la entidad es el hecho de que el Estado esté destinando fondos para el mantenimiento de obras de infraestructura, como el nuevo Puerto de La Unión, que podrían ser manejados por operadores privados.

“Las concesiones son una vía para atraer inversión privada para infraestructura, que permitiría liberar el gasto público para otros usos”, sostiene el análisis. La calidad del gasto público, concluyen, es la gran deuda de la reforma.