Nuestro proceso democrático ha venido avanzando dificultosamente, y uno de los déficits más notorios es el que se refiere a la falta de una práctica respetuosa y autocontrolada en los planos más altos de la gestión pública. Y esta es una constante que no hace distingos por posiciones políticas o por adhesiones ideológicas. Y es curioso que dicha constante parece que se va fortaleciendo a medida que el proceso avanza, como lo vemos en diferentes situaciones del diario vivir político e institucional. Es importante destacar este dato, porque sin duda muchas de nuestras dificultades derivan más de la forma en que se manejan las cosas que de los hechos en sí.

Tenemos, para el caso, que la relación interpartidaria en la Asamblea Legislativa es cada vez más conflictiva, cuando ya se tiene suficiente experiencia acumulada para esperar un intercambio más natural e interactivo. En la Asamblea es donde menos razón habría para construir trincheras partidarias, y es justamente donde están más instaladas. Y esto tiende a mantener viva la tendencia al abuso en las decisiones de mayoría simple y provoca conflictos fosilizados cuando se trata de decisiones de mayoría calificada, como hemos visto reiteradamente, y en especial desde que entró en función la legislatura actual. Tendencia que lleva al absurdo.

Por su parte, el Ejecutivo vive cada vez más enredado por las dificultades financieras. Por mucho que se quiera disminuir el dramatismo del déficit, las necesidades ejercen creciente apremio. Y no es justificable que se busque continuar acudiendo al endeudamiento para cubrir obligaciones que están contempladas en las disposiciones presupuestarias debidamente aprobadas. Cada año se dice que hay equilibrio presupuestario entre lo que ingresa y lo que debe gastarse. ¿Qué pasa entonces? Y, para colmo, la aprobación de todo compromiso de deuda requiere mayoría calificada, con lo entrampada que ésta se halla. El caso de la utilización de fondos provenientes de los 400 millones que quedan de los 800 aprobados para la emisión de bonos lo grafica.

En el ámbito de la justicia constitucional las cosas siguen crispadas. Las diferencias intestinas en el seno de la Corte Suprema de Justicia tienen ya bastante tiempo, y ni siquiera la solución de un conflicto como el reciente entre la Sala de lo Constitucional y la Asamblea Legislativa las ha desactivado. La recentísima sentencia que declara inconstitucional la elección de magistrados de la Corte de Cuentas de la República lo evidencia. Es cierto que no se acreditó debidamente la honradez y competencia notorias de los elegidos, independientemente de sus conductas específicas; pero constituye un evidente exceso de la sentencia el declarar que la pertenencia a partidos políticos es un impedimento para optar a cargos como los aludidos. Desde luego, la sentencia respectiva debe ser acatada sin reservas. Pero, en términos generales, lo que sí se tendría que garantizar es que todos los funcionarios desempeñen sus cargos con la debida probidad y corrección.

Insistimos, una vez más, en la necesidad de que todas las fuerzas nacionales, tanto gubernamentales como partidarias, se ajusten al criterio básico del autocontrol. Y esto hay que decirlo muy especialmente en referencia a las actitudes, decisiones y actuaciones que se dan en los tres Órganos fundamentales del Gobierno.

Hay que cumplir sin excusas ni pretextos la disposición constitucional de que dichos Órganos colaboren en el ejercicio de la función pública. Esta no es una recomendación: es un mandato.