La Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la República (FGR) ejecutaron anoche múltiples  operativos en los cuales detuvieron a 35 presuntos miembros de pandillas que son vinculados por las autoridades a distintos crímenes.

 

La Fiscalía contaba con 65 órdenes de allanamiento que tenían como finalidad capturar a 51 personas que se presume mantienen vínculos con diversas pandillas y que estarían relacionadas en 11 asesinatos de integrantes de una agrupación rival en Atiquizaya (Ahuachapán) y Chalchuapa (Santa Ana). Además, otras 42 órdenes serían ejecutadas en la Libertad y Chalatenango.

En el operativo que partió desde el Regimiento de Caballería hacia los municipios de Atiquizaya y Chalchuapa lograron la captura de 35 presuntos pandilleros. Según las autoridades, con estas detenciones desarticularon cuatro agrupaciones que presuntamente se dedicaban a cometer homicidios.

Además, en ambos municipios se procedió a intimar a otros 10 supuestos pandilleros que permanecen recluidos en centro penitenciarios y son procesados por otros delitos.

Las acciones estuvieron a cargo del director de la PNC, Carlos Ascencio y se informó que en los distintos operativos participaron en total 650 elementos de las distintas entidades: 475 para Atiquizaya y Chalchuapa, 75 para La Libertad y 100 para Chalatenango.

Al cierre de esta nota, aún no se reportaba el total de personas detenidas en La Libertad y Chalatenango.

Recientemente fue aprobada en El Salvador la Ley de Proscripción de Maras, Pandillas, Agrupaciones, Asociaciones y Organizaciones de Naturaleza Criminal, propuesta por el gabinete de Justicia y Seguridad y sancionada el 9 de septiembre por el presidente de la República, Mauricio Funes, sin embargo, a la fecha la Policía no registra ninguna captura por el delito de pertenecer a una pandilla.

El ministro de Seguridad, Manuel Melgar, había dicho que la falta de aplicación de la referida ley es responsabilidad de la Fiscalía General de la República. Empero, la Fiscalía dijo que la inaplicabilidad del decreto se debe a que es una ley administrativa, y se apoya penalmente en la reforma del artículo 345 del Código Penal.

El mismo presidente Funes reconoció en su momento que debido a los cambios hechos por los diputados la reforma no tendrá el impacto con el que fue concebida junto a la nueva ley.