"Nos estamos reuniendo para conmemorar los 30 años de la masacre de El Mozote, donde el ejército asesinó a 966 personas, ancianos, mujeres y niños", dijo a la AP Marta Sigarán, activista del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).

Entre el 11 y 13 de diciembre de 1981, alrededor de un millar de personas fueron asesinados en El Mozote y otros caseríos aledaños, durante una operación del ahora extinto batallón Atlacatl, durante la guerra civil (1980-1992), en el departamento de Morazán, al este del país.

Los soldados, entrenado en los Estados Unidos, ingresaron a la zona en busca de las unidades del guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), pero mataron con lujo de barbarie a cuanto civil encontraron en el lugar.

Muchos de los cuerpos de las víctimas fueron tirados en el interior de una pequeña iglesia y luego procedieron a incendiarla. El grupo de organizaciones humanitarias, entre ellas el Cejil, suscribieron un comunicado conjunto en el que demandan justicia para las víctimas y sus familiares.

"Rendimos un sentido homenaje a los cientos de víctimas mortales, a sus familiares y las centenares de personas que debieron desplazarse forzosamente de sus hogares a causa de la masacre de El Mozote y sitios aledaños", dice el comunicado. Agrega que "las víctimas sobrevivientes siguen reivindicando sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación. Sin embargo, ninguna de las personas responsables de perpetrar la masacre han sido juzgadas por estos hechos hasta la fecha".

La Oficina de Tutela legal del Arzobispado de San Salvador y Cejil mantienen una denuncia en representación de la víctimas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. "Nosotros estamos a la espera que se convoque a la audiencia por este caso en el transcurso del 2012", agregó Sigarán.

 La procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador sostuvo en un comunicado que "el estado salvadoreño tiene la obligación de hacer valer a las víctimas de estos hechos su legitimo derecho a la verdad , justicia y reparación y se juzgue a los responsables de estos crímenes de lesa humanidad".

El informe de una comisión de la verdad de Naciones Unidas, divulgado en 1993 luego de la firma de los Acuerdos de Paz que pusieron fin a la guerra civil, responsabilizó de la masacre al coronel Domingo Monterrosa, por entonces comandante del batallón Atlacatl, así como al jefe de operaciones, coronel Armando Azmitia y a otros seis oficiales, entre capitanes y mayores que no fueron juzgados bajo el amparo de amnistía decretada por el presidente Alfredo Cristiani horas antes de divulgarse el documento de la ONU.

Monterrosa y Azmitia murieron en la zona de El Mozote el 23 de octubre de 1984, cuando el helicóptero en el que volaban explotó en el aire por una bomba colocada por la guerrilla. Soldados del batallón Atlacatl también fueron señalados por la comisión de la verdad del asesinato en 1989 de seis sacerdotes jesuitas y sus dos empleadas.