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“A corto plazo se verán los problemas, porque nos estamos metiendo a aplicar el código sin estar listos.”
Ulices del Dios Guzmán
magistrado de la CSJ
“Se capacitaron 116 miembros de la Policía en actualización del nuevo Código Procesal Penal.”
Marco Tulio Lima
jefe de la DIHO
“Quizá lo más afectado es que no le vamos a dar respuesta a las víctimas en los plazos que la ley establece.”
Romeo Barahona
fiscal general de la República
“Ya es poco lo que nos hace falta, y en términos generales podemos decir que estamos listos para ir dando inicio.”
Carlos Ascencio
director de la PNC
Artículos modificados
8
Se refiere a la detención provisional, pero con la novedad que a diferencia del antiguo Código Procesal Penal, se entiende que ese plazo de 12 o 24 meses de detención provisional cuenta hasta que hay sentencia. Una vez que un juez de primera instancia emite sentencia, el plazo deja de contar para las apelaciones.
17
Le establece al fiscal cuatro meses para presentar una acusación fiscal. Ese plazo actualmente no existe. La Fiscalía tiene que atender esta exigencia, porque de lo contrario los fiscales podrían ser multados por irrespetar los plazos que establece la nueva normativa.
52
Las cámaras de Segunda Instancia podrán revisar condenas y ya no será competencia exclusiva de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia. Las cámaras, el año pasado, no conocían de las apelaciones de sentencia de primera instancia. Esto permitirá descongestionar la mora que tiene la Sala de lo Penal.
101
La figura del defensor de oficio había desaparecido en el anterior Código, pero reaparece en el nuevo. Se trata del defensor que nombra el juez cuando no es posible designar un defensor público. Es un abogado particular, independiente al defensor de la Procuraduría General de la República.
201
En nuevo Código establece la regulaciones para la recolección de información electrónica. Señala que cuando la Fiscalía sospeche de actividad delincuencia de alguna persona podrá obtener y resguardar toda la información sin necesidad de una orden judicial que ordene esa obtención.
221
En el nuevo Código se establece la regulación de los testigos de referencia, que son aquellos que no presenciaron un delito, pero sí escucharon a la persona que presenció el hecho. El artículo establece que se podrá usar el testigo de referencia en casos excepcionales. Por ejemplo, ante la muerte del testigo presencial.
250
No existía una regulación específica que estableciera los fines y fases de la cadena de custodia. A partir de este artículo hasta el artículo 252 se establece cómo será la recolección, el embalaje, el almacenamiento y la vigilancia de todas las evidencias que se recolecten en la escena del delito.
450
Establece un plazo máximo de un mes para los procesos por delitos menos graves. Las partes autorizan los actos urgentes de comprobación y le concede a la Fiscalía General de la República un plazo de 10 días para realizar investigaciones, y otro plazo no mayor de 10 días para la vista pública.
20
Establece que la Fiscalía General de la República (FGR) debe solicitar a los jueces la aplicación del criterio de oportunidad a imputados para que sean los juzgadores los que determinen si el imputado cumple con los requisitos formales para colaborar eficazmente con la investigación.
285
Establece que la Fiscalía deberá tener un lugar de depósito de evidencia para la cadena de custodia. Tanto Policía como Fiscalía podrán realizar anticipo de prueba sin la autorización de un juez. En este depósito de evidencia podrán ser inventariadas todas las evidencias de actos urgentes de comprobación.

judicial

Desde el 1 de enero de 2011 está en vigor el Código Procesal Penal que fue aprobado el 22 de octubre de 2008 por la Asamblea Legislativa. Esta normativa permitirá, entre otras cosas, que los procesos judiciales por delitos como robo, hurto o conducción temeraria sean resueltos en menos tiempo por la celebración de juicios rápidos.

La Fiscalía General de la República (FGR) fue la única institución que se atrevió a admitir y decir que no estaba preparada para aplicar la nueva normativa. Señaló que ninguna institución del sector justicia tenía lista la infraestructura ni la logística para el nuevo código.

“La Policía no está preparada, la Fiscalía no está preparada, los tribunales no lo están. Para los juicios rápidos que tienen que celebrar los jueces de Paz no han creado las salas de audiencias. Los juzgados de Paz no tienen la infraestructura para celebrar las audiencias”, reconoció el fiscal general de la República, Romeo Barahona, la primera quincena de diciembre.

La Fiscalía, de hecho, es la que resulta más afectada por el nuevo código, porque con la nueva normativa los fiscales pueden ser multados por excederse de los plazos para la investigación de las denuncias que reciben. El artículo 17 impone un límite de cuatro meses para que haya respuesta fiscal a los denunciantes.

Hasta 2008, el ministerio público tenía acumuladas 49,000 denuncias sin resolver.

Se intentó refrescar este dato, pero el personal de la FGR dice no tener un sistema confiable que actualice la cifra.

Además de las multas, el nuevo Código Procesal también establece a la Fiscalía la obligación de habilitar un depósito de pruebas urgentes para que en casos extraordinarios los fiscales puedan obtener adelanto de pruebas y resguardarlas sin autorización de un tribunal.

La posición de la CSJ

Contrario al fiscal general, el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Belarmino Jaime, aseguró que el Órgano Judicial estaba preparado para la nueva normativa. Sin embargo, el magistrado de la Sala de lo Penal, Ulices del Dios Guzmán, lo contradijo unos días después porque aseguró que sin la infraestructura y sin hacer estudios suficientes sobre el nuevo marco legal, la Corte está improvisando y generando problemas futuros.

“Nos estamos metiendo en una nueva forma de realizar los procesos sin estar preparados. Las cámaras, por ejemplo, deben de readecuarse porque harán admisible la casación”, aseveró el magistrado, quien considera que si bien el nuevo código tiene cambios, mayoritariamente se trata de un remiendo del anterior.

Los 506 artículos que están en vigor desde ayer ya fueron prorrogados en tres ocasiones, porque debió hacerse efectivo desde el 1.º de julio de 2009.

La primer prórroga que concedieron los diputados a las instituciones del sector justicia fue en julio de 2009. En enero del año pasado, otorgaron otro plazo para alargar la nueva ley.

El fiscal general aclaró que no estaba dispuesto a solicitar la cuarta prórroga por el costo que esto supone. Pero tanto la Fiscalía como la Corte se presentaron en octubre del año pasado a la Asamblea para explicar que experimentaban insuficiencia de recursos para la nueva normativa. En ese momento estimaron que la aplicación del código requiere un aproximado de $19 millones.

La Policía Nacional Civil (PNC), al igual que la presidencia de la CSJ, dice estar preparada para la nueva normativa. El director de la corporación policial, Carlos Ascencio, aseguró en los últimos días del mes pasado que el 75 por ciento del personal fue capacitado en la nueva materia penal.

El jefe de División de Investigación de Homicidios, Marco Tulio Lima, lo reiteró la semana pasada: se capacitaron 116 miembros de la Policía, entre ellos 60 investigadores, personal de análisis en actualización del nuevo Código Procesal Penal, así como otras cursos de investigación criminal, de investigación de droga, manejo de escena, delincuencia organizada, inteligencia policial. “Entre esos cursos va el tema del Código Procesal Penal, y son multiplicadores que están dando a conocer esos conocimientos adquiridos en otras capacitaciones a sus compañeros”, explicó Lima.

OTROS CAMBIOS

El nuevo Código Procesal plantea que los jueces de Paz podrán celebrar juicios rápidos, es decir, que en menos de un mes podrán resolver casos de hurto, robo, conducción temeraria y otros. La nueva normativa también deja en manos de los jueces el otorgamiento de criterio de oportunidad y ya no en manos de la Fiscalía.

Le concede, además, a los fiscales y policías la posibilidad de recolectar evidencia sin tener que contar con la autorización de un juzgador.

También contempla arresto tecnológico, es decir, la utilización de grilletes electrónicos para que los reclusos no tengan necesariamente que estar al interior de un centro penitenciario. Y habilita la posibilidad de realizar videoconferencias en la celebración de juicios.

El nuevo código entra en vigor al mismo tiempo que la Ley de Protección de la Niñez y Adolescencia (LEPINA), normativa que requería la creación de un consejo que no ha sido creado.