CSJ recupera control de edificios, pero no de personal

Órgano Judicial no trabajó al 100%. Varias diligencias no se realizaron porque algunos empleados se resisten a laborar.

El llamado que hizo y las garantías de seguridad que ofreció este fin de semana el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Belarmino Jaime, no bastaron para que la totalidad de los empleados judiciales retornara a sus labores con normalidad.

La Corte consiguió que la Policía Nacional Civil (PNC) recuperara los edificios judiciales, pero no que todo el personal cumpliera con sus horarios de trabajo. El Órgano Judicial no trabajó ayer en un 100%. Los sindicatos aseguran que solo un 10% del personal laboró ayer. Mientras que la dirección de comunicaciones de la CSJ maneja que un 60% de los empleados llegó a devengar.

Varias diligencias volvieron a suspenderse. Se pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) el consolidado de audiencias preliminares y vistas públicas suspendidas, pero al cierre de esta nota la FGR no brindó la información.

En el Centro Judicial Isidro Menéndez, por ejemplo, unos 70 empleados se concentraron durante todo el día en los jardines de los tribunales, a cruzarse de brazos. En horas de la mañana protagonizaron un breve enfrentamiento con los sindicalistas por los reclamos de haber entregado los edificios.

“¿Queremos saber qué sindicatos fueron los que se vendieron?”, preguntaron algunos empleados con molestia.

Los dirigentes sindicales, que ya dejaron las camisetas amarillas y rojas de sus sindicatos y llegaron con sus uniformes de trabajo, explicaron que no habían abandonado sus peticiones, pero pidieron una “huelga de brazos caídos” protagonizada solo por trabajadores.

“No nos han quitado el control. Que esté la Policía aquí adentro no quiere decir que nos hayan quitado el control”, desafió Félix Blanco, secretario general del Sindicatos de Empleados Judiciales (SINEJUS), quien explicó a los empleados que la semana pasada el protagonismo fue de los dirigentes, pero que ahora sería del personal.

Empleados que sí trabajaron denunciaron que otros compañeros de trabajo habían interrumpido el servicio de energía eléctrica. La presencia policial no impidió que huelguistas sabotearan las cajas térmicas. Por eso la PNC reforzó su presencia en los tribunales.

El fiscal general, Romeo Barahona, advirtió la semana pasada que procesaría a los principales dirigentes sindicales. La FGR, sin embargo, no ha informado si va a concretar esa advertencia.

Barahona, en una entrevista en un canal de televisión la semana pasada, aseguró que el artículo 221 de la Constitución prohíbe hacer huelga a los trabajadores públicos, así como el abandono colectivo de sus cargos, por lo que constitucionalmente la huelga sería ilegal.

El jueves por la noche se supo por canales de la CSJ que el presidente de ese órgano, Belarmino Jaime, iba a sostener una reunión con el presidente Mauricio Funes. Asimismo, se ventiló que estaban invitados a esa reunión Derechos Humanos, Fiscalía y Policía. Trascendió que el objetivo era recuperar la Corte sin necesidad de perseguir a los sindicalistas, y que ello explicaría la falta de actuación hasta ese momento ante la comisión de delitos en flagrancia.

El pleno de la CSJ acordó que reanudaría hoy las negociaciones con los sindicatos, con la condición de que por la mañana todos los huelguistas levanten el paro.