Recurso en la Corte Suprema
La defensa interpuso un recurso de exhibición personal (hábeas corpus) en la Sala de lo Constitucional por supuesta detención ilegal, contra varios miembros de la PNC, el viernes pasado.
Con la del martes pasado, los guatemaltecos han sido recapturados tres veces en menos de una semana, sin contar con su arresto inicial en el Aeropuerto Internacional El Salvador.
Difusión roja
Fuentes ligadas al caso revelaron la difusión roja, u orden internacional de captura, contra los guatemaltecos.
Identificación
A ambos guatemaltecos se les identifica como ex militares, uno de ellos incluso como ex miembro de la Guardia de Honor.
Cargos
Para ambos, los cargos van por conspiración para distribuir, intento de importación e intento de distribución y posesión de un kilo de heroína, con fines de distribución. La difusión roja contempla, además, que se busca la extradición de ambos para que sean procesados en Estados Unidos.
Aunque llevaban más de 1,600 gramos de heroína, en maletas y en el estómago, los ex militares guatemaltecos Juan José Pineda Vásquez y Genaro Pineda Rojas fueron condenados hace una semana únicamente por el delito de posesión y tenencia de droga, con una pena mínima de tres años de prisión, la que les fue sustituida por trabajos de utilidad pública. La ley salvadoreña establece que alguien que sea pillado con más de dos gramos de droga debe ser procesado por tráfico.
Lo anterior, admitió ayer el jefe Antinarcotráfico de la Fiscalía General de la República (FGR), Jorge Cortez, fue una estrategia negociada para entregar a los ex tenientes a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, en inglés) para que estos pudieran sacarlos del país y procesarlos en una corte neoyorquina.
En este caso, las autoridades estadounidenses le pusieron mucho interés, dijo Cortez, y agregó que la DEA ya había canalizado la solicitud oficial de información del caso (asistencia judicial) para acusarlos en Nueva York.
Según el jefe fiscal, la petición fiscal de que el Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca cambiara el delito de tráfico por posesión se hizo únicamente para allanar el camino a la DEA.
La afirmación de Cortez coincide con lo dicho ayer por el Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca, a través de la unidad de comunicaciones de los juzgados: la Fiscalía solicitó que se les condenara por un delito menos grave que el tráfico, que se sentenciara a la pena mínima y que se les aplicara trabajos de utilidad pública en vez de prisión.
Sin embargo, el jefe fiscal aclaró que la estrategia fue discutida previamente con el tribunal, y se les presentó para ello la orden de captura de la Policía Internacional (INTERPOL) que eran requeridos en Estados Unidos debido a por lo menos cuatro cargos de narcotráfico.
Ello llevó a que Pineda Vásquez y Pineda Rojas fueran arrestados a la salida del tribunal hace una semana. Luego fueron puestos en libertad y entregados a la embajada de Guatemala. Horas después fueron capturados nuevamente en Santa Ana, cuando se dirigían hacia Guatemala.
El subdirector de Investigaciones de la PNC, Howard Cotto, explicó el fin de semana pasado que en la primera recaptura no tenían certeza de la orden de INTERPOL, y por ello fueron liberados. Sin embargo, acusó a los juzgados de Paz santanecos donde fueron recapturados la segunda vez de no recibir a los reos, lo que los obligó a ponerlos en libertad el lunes al vencer las 72 horas de detención.
El hecho llevó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a abrir auditoría contra los juzgados Primero, Tercero y Cuarto de Paz de Santa Ana por no recibir a los guatemaltecos. Ellos justificaron en su momento que no podían dejarlos detenidos sin una acusación formal de por medio.
Al ser consultado al respecto, el juez Décimo Segundo de Paz, Roberto Calderón, designado como juez de extradiciones por la CSJ, detalló que los juzgados habían actuado apegados a la ley, ya que debía mediar una solicitud formal de extradición para los guatemaltecos.
Sin embargo, el fiscal Cortez reveló ayer que para los ex tenientes ya existe un caso abierto en Corte Este de Nueva York, y que la INTERPOL planteó en documentación previa que existía un interés en obtener la extradición de estos.
Cortez incluso añadió: Nosotros les informamos (a la DEA) que por procedimiento ellos tenían que habilitar la difusión roja de INTERPOL, haciendo referencia a la orden internacional de captura. Esta fue habilitada el 5 de mayo pasado, unos seis días antes del juicio.
Responsabilidad pendiente
El Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca contestó, a través de la unidad de comunicaciones de los juzgados, que la garantía del cumplimiento de los trabajos de utilidad pública por parte de los ex militares quienes estaban activos en el Ejército de Guatemala cuando fueron capturados con la heroína en junio de 2010 no era responsabilidad de ellos, sino del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de San Vicente.
Sin embargo, el caso ayer ni siquiera había sido remitido al juzgado, porque hasta este día se vencía el plazo para enviar al expediente.
La agravante, sin embargo, es que tanto la defensa de los ex militares como el director nacional de Migración, Rubén Alvarado, revelaron que estos fueron recapturados por tercera vez el martes por la noche, en la frontera de El Poy (ver nota aparte), con Honduras.
El fiscal Cortez no quiso pronunciarse de manera tajante respecto al cumplimiento de la condena local, pero detalló que en el caso evaluaron que en el país podrían ser condenados a alrededor de 10 o 15 años de prisión. En cambio, en Estados Unidos las penas sobrepasarían los 30 años de prisión, e incluso contemplarían la cadena perpetua.