Piden antejuicio a jueces que anularon caso BAES

El Comité Ambiental de Sitio del Niño y otros supuestos afectados por la contaminación ambiental que se presume generó la planta de Baterías de El Salvador (BAES) en San Juan Opico, La Libertad, interpusieron ayer una denuncia en la Fiscalía General de la República (FGR) contra los jueces de Sentencia de Santa Tecla.

La denuncia es por el delito de prevaricato (dictar a sabiendas una resolución injusta) que se supone, y a juicio de la parte ofendida, cometieron los jueces Delfino Parrilla Rodríguez, Vilma Melara y Cecilia Margarita Turcios al emitir una resolución de “nulidad total parcial” sobre el caso y que favorecía a los imputados Hugo Reynaldo Trujillo Díaz, Arturo Marenco Carballo y José Edgardo Brito Menéndez.

Sin embargo, la Cámara de la Cuarta Sección del Centro revocó, el 6 de julio pasado, la resolución de nulidad del juzgado y ordenó que este tribunal lleve a cabo el juicio. La cámara consideró que la nulidad dictada por los jueces no era legal, ya que se basó en una figura que ya no existe en la ley, y además, según el comité y la misma FGR, señaló parcialidad en el proceder de los jueces.

El presidente del Comité Ambiental de Sitio del Niño, Mauricio Cruz Peña, dijo ayer que la comunidad no se sintió satisfecha con la revocatoria de la cámara y por ello se decidió a demandar a los jueces del tribunal tecleño.

Cruz Peña se abstuvo ayer de declarar sobre la denuncia, excepto que deja en manos de la FGR la investigación y un posible antejuicio en contra de los jueces.

Mientras tanto, el director de Intereses de la Sociedad de la FGR, Julio Arriaza, informó ayer a LA PRENSA GRÁFICA que en efecto se recibió la denuncia del comité y que se le dará trámite. Asimismo, aclaró que será el fiscal general quien señalará qué unidad cubrirá la investigación de los jueces.

Arriaza también anunció que la FGR tomó la decisión de “recusar” a los jueces de Sentencia de Santa Tecla que conocen el caso contra los tres ex gerentes de BAES. La alternativa de recusar (solicitar que otro tribunal lleve a cabo el juicio) se tomó ayer, luego de que se supo de la denuncia.

“Ellos (los jueces demandados) ya no van a resolver de forma imparcial. Estas (supuestas) víctimas son las que van a estar en la vista pública (juicio) y son ellas las que han demandado a los juzgadores. Esto nos lleva a que no consideramos que estos jueces deberían seguir conociendo (del caso)”, manifestó Arriaza.