Afectados. Según los demandantes, los afectados por la falta de pago están asentados en buena parte en San Salvador, pero también en el interior del país. En los últimos años, la lista de ofendidos creció de 801 a 1,100.

“Se les tenía que dar una indemnización y bonificación. Les dijeron que se lo iban a dar (el bono) en cierto período, pero no fue así.”
Carolina Nóchez
jefa fiscal de Patrimonio
“Es que nos dieron todo, la indemnización, de eso no nos quejamos, también las aportaciones, pero las utilidades no.”
Ricardo Revelo
ex empleado de la CEL y representante de EXTRACEL
801
ex trabajadores de la CEL están en la demanda fiscal de 2006.
1,100
los afectados, según EXTRACEL. Algunos no habían sido contactados en 2006.
$216,921
el dinero que aún está activo en el fideicomiso y que no ha sido entregado.
Demanda
Los cientos de ex empleados también han denunciado el caso ante la Procuraduría de Derechos Humanos.
Aunque ayer se preguntó a la CEL su versión del caso, así como por qué hasta la fecha no se han cancelado los dineros que los cientos de afectados exigen, no se obtuvo respuesta.
El caso todavía no ha sido judicializado, pese a que la denuncia formal y activa data desde hace cinco años en la Fiscalía General. Los afectados aseguran que esta ya había sido archivada una vez, ya que se denunció desde 1999, un año después de que se dio el retiro por decreto.

La espera ha sido más larga que los siete años de Nicolás Salume y los 11 de Guillermo Sol Bang, ambos como titulares, al frente de la institución. Aproximadamente, mil ex empleados de la CEL tienen 13 años esperando un dinero prometido en 1992.

 

Tanto los supuestos afectados como la Fiscalía General de la República (FGR) confirmaron una demanda vigente desde 2006 contra la junta directiva de CEL por la falta de pago a cientos de ex empleados que en 1992 conformaron con fondos de la institución y propios un fondo de protección para empleados.

 

Aunque ayer se gestionó la postura de la CEL, la petición no fue contestada.

 

El presidente de los Ex Trabajadores de la CEL (EXTRACEL), Raymundo Jaco, se remontó al inicio de la historia de hace tantos años que el conflicto civil tuvo incidencia. “Esto empezó por los muertos y los mutilados”, dijo. La construcción de nueva infraestructura, torres entre estas, en sitios que habían sido minados provocó la muerte a tres empleados y mutilaciones en más de una decena, aseguró Jaco.

 

A raíz de ello “se formó el Fondo de Protección. El capital semilla lo puso la CEL, eran tres millones de colones”, agregó Jaco. El funcionamiento incluía que mes a mes a cada empleado afiliado se le descontaba poco más del 1% de su salario y la autónoma aportaba un 4.26%.

 

“El acuerdo incluía que los empleados además íbamos a gozar de las utilidades de esos fondos, que es lo que no nos han devuelto”, detalló Ricardo Revelo, también miembro de EXTRACEL.

 

“La investigación se está llevando por apropiación o retención indebida”, confirmó la jefa de la Unidad de Patrimonio de la Fiscalía, Carolina Nóchez.

 

El ente fiscal, sin embargo, cuenta una historia diferente. La denuncia que ellos tienen es por la falta de devolución de las aportaciones mensuales de 801 empleados plasmados en una denuncia fiscal fechada el 29 de marzo de 2006. La FGR puntualizó que es de los porcentajes –que empezaron siendo 2.9% institucional– que las víctimas se han mostrado como ofendidas.

 

Jaco y Revelo aseguran que en 1998 hubo una reducción de personal y un decreto de retiro al que se acogieron cientos.

 

“Es que nos dieron todo, la indemnización y también las aportaciones, pero las utilidades no”, dice Revelo. El dinero ha continuado generando intereses, y desde un inicio se ubicó en una institución bancaria bajo responsabilidad de CEL.

 

 

Según Jaco, para 1998 que cerca de 1,200 empleados dejaron la CEL, el fondo rondaba los 80 millones de colones. Un año después, que más trabajadores se retiraron, el dinero fue convertido a un fideicomiso, dijo.

 

 

La fiscal Nóchez explicó que el caso no ha sido llevado aún a tribunales, debido a que falta una auditoría contable que determine con exactitud cuánto se le adeuda a cada empleado.

 

Si bien la demanda es por 801 afectados, EXTRACEL dice que más ex empleados se han acercado y ellos enumeran 1,100.

 

 

Revelo detalló que en 1999 más trabajadores siguieron retirándose, y a varios de estos les fueron cancelados los extras. “El dinero se lo han ido acabando, yo calculo que ahorita serían unos $14 millones”, dice Jaco.

 

¿Qué les ha dicho la CEL? “Es que nos dijeron que no nos corresponde el dinero, que nosotros nos acogimos a un decreto transitorio”, dijo Revelo.

 

Por su parte, la fiscal Nóchez detalló que las comunicaciones con la CEL han dificultosas con los últimos cambios en la institución. La Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Presidencia aún no ha contestado el nombramiento oficial del nuevo titular, Irving Tóchez. “Ellos no habían denunciado antes porque vinieron en negociaciones con la institución”, dijo.

 

La qué sí contestó es la institución bancaria donde permanece el dinero. “Hasta abril de 2011 tenían $216,921.93”, especificó la jefa fiscal. “Es que el dinero sí está”, agregó.

 

Revelo explicó que la demanda fue interpuesta desde 1999, pero fue archivada. “La de 2006 es la reapertura”, dijo.

 

La FGR y los afectados coincidieron en que varios de los que se retiraron ya poseían edad de jubilación en 1998. Entre los que han demandado hay muchos que superan los 60 años de edad. “En dos casos se me ha informado que ya fallecieron”, dijo Nóchez.