Exhumación. Dos personas observan el terreno donde exhumaron los restos de 30 personas en la comunidad San Francisco Angulo, San Vicente.

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La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió el miércoles 19 de octubre una demanda interpuesta contra el fiscal general, Romeo Barahona, por la supuesta omisión en la investigación de una masacre ocurrida en 1981 en San Vicente.

Los demandantes sostienen que Barahona no indagó el hallazgo de 30 osamentas en la comunidad San Francisco Angulo del municipio de Tecoluca, pese a que ellos le presentaron una denuncia escrita en 2009 para que reabriera el caso.

Según los demandantes, la Fiscalía de San Vicente exhumó en 2006 los restos de las 30 personas, pero ese mismo año el juez Primero de Paz de Tecoluca dio por terminada la exhumación.

Acusan a Barahona de vulnerarles dos derechos constitucionales: el derecho de acceso a la justicia y el derecho a la verdad. “Este es el primer caso en el que se admite una recurso de amparo por una supuesta violación del derecho a la verdad”, explicó ayer la CSJ en un comunicado.

El fiscal se escudó ayer así: “Los hechos por los que se ha admitido la demanda no son procedentes, dado que sucedieron en 1981, cuando en esa época la investigación del delito era una facultad de los jueces y no de la Fiscalía”.

Belarmino Jaime, Florentín Meléndez, Rodolfo González y Sidney Blanco, los magistrados que admitieron la demanda, recordaron en la admisión que “la inexistencia de plazo para la presentación del requerimiento en sede judicial no se convierte en una facultad para que el fiscal ponga en marcha al Órgano Judicial cuando quiera, ignorando el derecho que toda persona tiene del acceso a la jurisdicción”.

“Tengo mis dudas sobre la admisión, porque se trata de masacres ocurridas durante la guerra y no está bien comprobado quién cometió el agravio”, dijo Néstor Castaneda, magistrado de la sala que no apoyó la admisión.

Esta no es la primera vez que esta sala admite recursos por hechos ocurridos durante la guerra. En julio pasado declararon improcedente una demanda contra la extinta Policía Nacional por la desaparición de Jesús Sánchez en 1980.