LPG denuncia a empleado de la Corte de Cuentas por tres delitos
El presidente de la Asociación de Empleados de la Corte de Cuentas también fue acusado por tres delitos. Otro caso en investigación son las agresiones de la que fueron objeto tres fotoperiodistas el sábado luego de un partido.
Escrito por Suchit ChávezMartes, 13 diciembre 2011 00:00
“En este caso se quiere sentar un precedente sobre que ningún atentado a la libertad de expresión puede quedar impune.”
Luis Laínez,subjefe de Información de LPG
“Lo que estamos solicitando es la aplicación de la justicia, creemos que el día 9 de diciembre se cometieron varios delitos.”
Arístides Perla,apoderado legal de LPG
Dos empleados de la Corte de Cuentas de la República (CCR) fueron denunciados ayer por los delitos de intento de robo, amenazas, coacción y atentados contra la libertad de expresión por LA PRENSA GRÁFICA (LPG). Esto después de la agresión que sufrió la periodista Jessica Ávalos, el viernes pasado, mientras realizaba la cobertura de una fiesta de empleados de la Corte de Cuentas.
El viernes, Ávalos acudió a un local privado, cercano al mercado San Miguelito, para constatar una reunión de la Asociación de Empleados de la Corte de Cuentas (ADECC). El permiso ante la presidencia de la CCR, tal como acredita una nota enviada por la asociación, fue tramitado para la realización de una asamblea general extraordinaria donde se discutiría el anteproyecto de reformas a la Ley de la CCR, que se haría en horario laboral.
En el lugar se comprobó, sin embargo, la presencia de regalos y una orquesta de música y bebidas alcohólicas. Al intentar dejar registrado el ambiente, la periodista fue zarandeada y empujada por un empleado de la CCR quien le manifestó que el evento era una “fiesta privada”. Después de ello, le arrebató el teléfono con el que tomaba el video. El aparato fue devuelto minutos después.
El empleado fue posteriormente identificado como Yuri Williams Saca, subdirector de auditoría de la CCR. Ayer, LPG lo acusó de los delitos de coacción (obligar por la fuerza para hacer algo), robo en grado de tentativa y atentados relativos a la libertad de expresión.
“En este caso, LA PRENSA GRÁFICA quiere sentar un precedente sobre que ningún atentado a la libertad de expresión puede quedar impune, que los periodistas tenemos derechos. Así como ejercemos el derecho a la información y a informar a los ciudadanos también necesitamos ciertas garantías, y que estas garantías tienen que ser cumplidas desde el funcionario más pequeño en el Estado hasta el funcionario de más alto rango”, dijo el subjefe de Información de este rotativo, Luis Laínez, poco después de presentar la denuncia junto con Ávalos en las oficinas de la Fiscalía.
“Lo que estamos solicitando es la aplicación de la justicia, creemos que en los acontecimientos del día 9 de diciembre se cometieron varios delitos, principalmente en contra de la periodista Jessica Ávalos, porque hubo una intimidación, una coacción hacia su integridad física”, manifestó Arístides Perla, apoderado legal de LPG.
En el caso, además, se denunció a Donaldo Martínez, presidente de ADECC, por amenazas con agravación especial. Al igual que Saca, este también fue denunciado por los delitos de intento de robo y atentados relativos a la libertad de expresión.
Según la denuncia, luego de que le fuera arrebatado su teléfono móvil, la periodista empezó a ser hostigada por varios empleados que empezaron a gritarle que saliera del local.
El documento reseña que Martínez se aproximó para decirle que el resto de asistentes estaban molestos. Que la mejor opción era que saliera por su propia voluntad, ya que de lo contrario sería sacada del lugar “por las malas”.
Otra agresión
El sábado, un día después de la agresión contra Ávalos, tres fotoperiodistas, Borman Mármol, de LPG, Franklin Zelaya y Ricardo Benítez, de El Gráfico, fueron agredidos luego de la cobertura de un partido de fútbol en Santa Ana entre FAS y Once Municipal. A Mármol le fue robado parte de su equipo fotográfico. Por el hecho fueron arrestados dos menores de edad y un adulto.
Perla especificó que todos serán procesados por el delito robo agravado y daños en tribunales juveniles y de adultos.
Con respecto al caso, Perla detalló: “Lo que sucedió fue que algunas personas empezaron a asaltar a una vendedora, que empezó a pedir auxilio. Entonces ellos (los fotoperiodistas) empezaron a tomar imágenes del asalto. Los rodean y los golpean”.
Para Perla, “el objetivo de estas personas era llevarse los equipos (fotográficos)”. Ambos casos, según él, son muestras de “intolerancia a la labor periodística, es una alerta para las autoridades”.
La Asociación de Periodistas de El Salvador condenó ayer, a través de un comunicado, estas dos recientes agresiones contra periodistas y fotoperiodistas (Ver nota aparte).
Video
APES se pronuncia por constantes agresiones a periodistas
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FOTO DE LA PRENSA/Víctor Peña
Denuncia. La periodista Jessica Ávalos en compañía del subjefe de Información de LPG, Luis Laínez, (de pie) y el abogado del periódico, Arístides Perla, ayer en la FGR.
Los delitos
La demanda interpuesta ayer por este periódico contempla cuatro delitos contra dos empleados de la CCR.
La coacción está contemplada en el artículo 153 del Código Penal. En el 154 se reseña las amenazas con agravación especial. Ambos están considerados dentro del capítulo de “delitos relativos a la autonomía personal”. Ambos están penados con prisión de uno a tres años. De comprobarse la agravante en las amenazas la pena puede aumentar hasta los seis años de cárcel.
El robo está considerado entre los delitos referentes al patrimonio y está consignado en su formas simple y agravada en los artículos 212 y 213, respectivamente. La denuncia consigna el delito de robo agravado pero en grado de tentativa.
El delito de atentados relativos a la libertad de expresión está reseñado en el artículo 293 del Código Penal y un extracto dice lo siguiente: “El funcionario o autoridad pública que (...) estableciere exámenes previos, censura o caución a un medio de comunicación social (...) será sancionado con prisión de dos a cuatro años e inhabilitación del cargo o empleo por el mismo tiempo”.














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