Nuevas. Según la PNC, cada mes entran más de 2,000 disposiciones judiciales al sistema, la mayoría son órdenes de captura.

“Cuando se creó la división (DCJ) la PNC ya tenía acumuladas 25,000 órdenes de captura, y aunque se vayan capturando, la cantidad sigue aumentando.”
“Esto es como una deuda
los intereses se van comiendo al saldo y es difícil salir de las cifras de números rojos.”
William Noé Rosales Santillana, jefe de la DCJ
31,722
disposiciones judiciales acumuladas por PNC desde 1992, según el registro de la DCJ. La mayoría son órdenes de captura.
Órdenes por delitos
Los homicidios van a la cabeza en las órdenes de captura de la PNC. Siguen los acusados de robo y agrupaciones ilícitas.


De José Antonio Rivera Hernández hay poca información que conduzca a su captura. No hay rastro alguno, ni partida de defunción que certifique su muerte, ni ficha en el Registro Nacional de las Personas Naturales que confirme que tiene documento de identidad.

“Es como si se lo tragó la tierra”, dice el comisionado William Rosales Santillana, el jefe de la División de Cumplimiento de Disposiciones Judiciales (DCJ), cuando piensa en Rivera Hernández, la orden de captura más antigua que tiene pendiente de ejecutar la Policía Nacional Civil (PNC).

 

Rivera Hernández tenía 26 años de edad cuando el juez de primera instancia de Jiquilisco, en Usulután, ordenó su captura. Era 1992 y le imputaban el delito de homicidio doloso.

La víctima, Miguel Ángel Menjívar, era un salvadoreño residente en Estados Unidos que había llegado al país de visita. El día de su muerte, Menjívar estaba en la casa de sus suegros, en el cantón Tierra Blanca de Jiquilisco. Según la orden de captura, el crimen se cometió después de un intento de robo. Rivera Hernández, junto con otros dos hombres, según la policía, quería robar en la casa de los suegros de Menjívar.

El homicidio ocurrió el 2 de junio de 1992, cinco meses después de haberse firmado los Acuerdos de Paz en El Salvador. La Policía Nacional, el ahora extinto cuerpo de seguridad, aún funcionaba.

Si Rivera Hernández aún vive tiene 46 años de edad. El comisionado Rosales Santillana tiene pocos detalles: apenas una hoja de papel con 12 líneas escritas donde le ordena capturarlo. Esa disposición fue girada 16 días después del homicidio.

Rosales Santillana dirige una oficina que fue creada hace seis años con la misión principal de ejecutar las capturas y otras disposiciones giradas por los juzgados.

Hasta la fecha, la PNC suma 31,722 disposiciones judiciales sin cumplir: órdenes de captura, medidas sustitutivas, localización de menores de edad señalados por la comisión de ilícitos y órdenes de apremio (ubicación y traslado de una persona a un tribunal para que brinde su declaración).

 

Las órdenes de captura para los acusados de cometer algún delito son las más numerosas dentro de las disposiciones: 29,062 personas por detener. Entre ese legajo de órdenes, 5,677 son acusados del delito de homicidio; otros 1,195, de extorsión; 290, de secuestro; 2,396, de robo; y 2,320, de agrupaciones ilícitas.

La orden más vieja

La orden de captura de Rivera Hernández ha pasado por las manos de la antigua Policía Nacional (PN) y la actual PNC.

 

El homicidio doloso ya no existe en la tipificación jurídica salvadoreña; ahora es homicidio agravado o simple.

La orden de captura en su contra fue presentada en la comandancia de la PN, en Jiquilisco, el 18 de junio de 1992.

En la hoja aparecen escritos otros dos nombres: Ángel Chávez, de 22 años, y Alberto Hernández, de 25. La policía tampoco conoce su paradero. Ellos, sin embargo, están acusados de robo. “Fue un mismo hecho, solo que Rivera Hernández, al parecer mató a esta persona que estaba en la casa que intentaban asaltar”, dijo Rosales Santillana.

 

En la orden de captura, el juez de primera instancia de Jiquilisco describe a José Antonio Rivera Hernández como jornalero, soltero, de piel morena, estatura regular. No hay fotografía de él.

Trabajo acumulado

Cada mes, en promedio, el sistema judicial suma 2,024 nuevas disposiciones judiciales, según Rosales Santillana. El comisionado reconoce que la cantidad de capturas sin ejecutar es grande: “Esto es como una deuda, los intereses se van comiendo al saldo y es difícil salir de las cifras de números rojos. Eso es lo que nos ha pasado”.

Entre más tiempo pasa, dice Rosales Santillana, la dificultad para cumplir las órdenes es mayor. “Cuesta más capturar cuando son órdenes viejas. Se trata de ir priorizando porque son tantas órdenes y el personal no es suficiente”, dijo el comisionado.

La DCJ está integrada por 124 miembros en todo el país. Su labor es sistematizar las órdenes, promover que otras unidades policiales ubiquen a los acusados e ir tras de ellos para su captura.

Cada mes, el sistema judicial levanta un promedio de 527 de esas disposiciones por diferentes razones. Entre estas, la prescripción del delito, el cambio de medidas o la conciliación entre las partes.

Durante 2011, la DCJ capturó a 734 personas. Otras divisiones de Seguridad Pública e Investigación de la PNC participaron en estas capturas, según el comisionado.

El jefe de la división cree que muchos de los acusados, buscados por algún tribunal, han salido del país por puntos ciegos o han emigrado a Estados Unidos. No encuentran rastros de ellos y se imposibilita su localización, agregó.

“En ocasiones hemos tenido capturas que se han realizado cuando regresan porque vienen deportados o vienen de paseo”, manifestó Rosales Santillana.

 

Desde su creación, la DCJ realiza la impresión de hojas volantes donde se muestran los rostros, los nombres y los alias de las personas más buscadas en el país.

La policía distribuye esas hojas para alertar a los mismos agentes, a las instituciones de Seguridad Pública y a la población para que brinde información del acusado.

En esas imágenes nunca apareció José Antonio Rivera Hernández, el prófugo más antiguo que registra la PNC. De él apenas aparece una mínima descripción. Han pasado 20 años y la posibilidad de su captura, según el jefe de la división, es incierta.