Funes quiere jueces y fiscales antipandillas

El presidente pide que fiscales y jueces especiales se unan al Grupo de Intervención Antipandillas (GIAP), unidad policial aún en formación.

El presidente Mauricio Funes dijo ayer que espera que jueces especiales y fiscales puedan integrar el Grupo de Intervención Antipandillas (GIAP), la unidad policial en formación, una de las apuesta del Ministerio de Seguridad Pública para reducir los homicidios que se cometen en el país.

“El Ministerio de Justicia y Seguridad trabaja en la formación, tal como ya ha sido anunciado, de una unidad antipandillas. Este grupo integrará no solo el trabajo de la Policía, con el apoyo de la Fuerza Armada, sino que también esperamos que sume a fiscales y jueces especiales”, dijo Funes durante su discurso en el evento que oficializó el traspaso de mando en la Policía Nacional Civil.

En las palabras del presidente queda de manifiesto un aspecto que aún no había sido informado: el GIAP, que según el ministro de Seguridad Pública, David Munguía Payés, estaría conformado por nuevos agentes policiales, será reforzado con la Fuerza Armada.

El presidente dijo que el GIAP debe contar con los medios necesarios y las herramientas legales que le permitan dar “una pujante y exitosa batalla en el combate a las pandillas”. Funes, quien asegura que ahora se trabaja en una verdadera política de Estado en seguridad pública, justificó las nuevas propuestas porque considera que las “armas con que se luchaba antes contra la delincuencia ya no son útiles”.

El presidente dijo que el enemigo, en referencia a las pandillas y su relación con los carteles de droga, ha mutado. Se necesitan nuevos instrumentos, dijo Funes, para la “nueva guerra” que libra Centroamérica y los países de la región.

“Necesitamos unidades especializadas capaces de hacer frente a las nuevas amenazas a las que nos enfrentamos”, dijo Funes.

El fiscal general de la República, Romeo Barahona, dijo después del evento que la propuesta del presidente solo será posible si se le asignan más recursos a su institución.

“Nosotros tenemos nuestras unidades: homicidios, antiextorsión, crimen organizado, que son las que pueden acompañar en su momento a esa unidad (antipandillas), pero ya crear otra unidad se nos dificulta porque no se nos están dando los recursos”, explicó Barahona.

El nuevo subdirector de Investigaciones de la PNC, Héctor Mendoza Cordero, dijo ayer que el GIAP será tomado en cuenta en el plan policial que diseña para la reducción de los homicidios, llamado “El Salvador”. “Ese es el plan del señor ministro (Payés), que al final, dentro de un tiempo, a lo mejor lo vamos a conjugar”, dijo.

Estado de excepción

Funes también dijo que las palabras del ministro de Justicia y Seguridad Pública, David Munguía Payés, sobre la implementación de un toque de queda para menores de edad en las zonas de alta presencia de pandillas habían sido sacadas de contexto.

“En ningún momento estamos pidiendo el estado de sitio o el toque de queda”, dijo el presidente.“Hay zonas del país, como de la región centroamericana, que están siendo golpeadas en forma más sistemática y constante. En esas zonas es donde se podría imponer un régimen excepcional, agregó.

Según Munguía Payés, lo que hizo solo fue mencionar que en la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia (UTE) “están analizando la posibilidad de implementar algunas medidas de excepción de forma focalizada”.

El lunes 30 de enero, el ministro Munguía Payés dijo: “Yo hablaba que en un estado de excepción se podían tomar algunas medidas, como por ejemplo prohibir la circulación de menores de edad entre las 20 horas y las 6 de la mañana”.

La Constitución de El Salvador reconoce el régimen de excepción que permite, entre otras cosas, suspender la libertad de movimiento. Toque de queda es como se conoce coloquialmente, según la Real Academia de la Lengua, a esa medida excepcional que puede aprobar un gobierno para prohibir el tránsito o la permanencia en las calles.

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