Completo pedido para extradición de Silva Pereira

Cámara Primera de lo Penal reunió la información solicitada por Estados Unidos para completar el proceso de extradición del exdiputado. El documento fue enviado a la CSJ.

La Cámara Primera de lo Penal de San Salvador ya completó la documentación solicitada por Estados Unidos para continuar con el proceso de extradición del exdiputado salvadoreño Roberto Silva Pereira, acusado de los delitos de lavado de dinero y cohecho (soborno).

El viernes 27 de enero, la cámara envió la documentación a la Corte Suprema de Justicia (CSJ). En ese expediente de 107 páginas incluyeron una nueva declaración de un testigo. Se trata del testimonio de Marco Napoleón García Soto, accionista de la empresa Desarrollos Civiles Sociedad Anónima (DECSA), quien ha confesado que fue testaferro de Silva para ganar una licitación en el municipio de Acajutla, Sonsonate.

El 28 de noviembre de 2007, la Cámara Primera de lo Penal remitió hacia Estados Unidos el pedido de extradición de Silva Pereira. El 12 de marzo de 2011, casi cuatro años después, el Departamento de Justicia de Estados Unidos respondió a la petición: determinó que El Salvador había enviado documentación insuficiente para respaldar la extradición y pidió que la cámara mandara la declaración de un testigo que identificara al exdiputado como responsable de los delitos que se le estaban imputando.

La Fiscalía General de la República (FGR) había presentado como testigo principal del caso al exalcalde de Berlín (Usulután) Ramón Palma Alfaro. En 2006, el entonces alcalde confesó que Silva Pereira lo sobornó a cambio de ganar licitaciones en su comuna. Palma admitió que se quedó con más de $300,000 tras haber hecho negociaciones ilícitas con Silva.

Esas confesiones, sin embargo, solo quedaron consignadas en las diligencias iniciales del caso porque Palma falleció en 2009.

“Estados Unidos pidió que se identificara al imputado a raíz de que había muerto el único testigo. Prevenimos a la Fiscalía y la Fiscalía presentó el testimonio del señor García Soto que fue socio de Silva Pereira para una licitación que presentaron”, explicó el magistrado de la Cámara de lo Penal Guillermo Arévalo Domínguez.

Nueva declaración

La cámara convocó a García Soto a una audiencia el 20 de septiembre de 2011. Los magistrados de la cámara le presentaron cinco fotografías para que identificara y rindiera su declaración contra Silva. Lo identificó y, según consta en el expediente, dijo que apalabró con el exdiputado la obtención amañada de la licitación para la construcción del mercado municipal de Acajutla.

“Dijo que era una licitación fraudulenta: competir por competir”, detalló Arévalo.

La declaración de García Soto, quien goza de beneficios legales a cambio de declarar, fue anexada a la documentación que la cámara envió recientemente a la CSJ.

Los magistrados también incluyeron en el expediente la traducción al inglés de la partida de defunción del exalcalde de Berlín y una traducción de la declaración anticipada que él dio cuando inició el proceso contra Silva Pereira.

“Va doblemente identificado: primero por la declaración anticipada del alcalde y por este señor que lo identificó en rueda de fotografías”, agregó el magistrado presidente de la cámara.

La Corte Suprema debe remitir la documentación al Ministerio de Relaciones Exteriores para que este lo envíe al Departamento de Justicia de Estados Unidos. Según Arévalo, es necesario que al menos ocho magistrados den su voto para que la documentación salga de la CSJ hacia cancillería.

Se consultó el miércoles pasado al presidente de la CSJ, Belarmino Jaime, pero dijo que no estaba seguro si el expediente ya había ingresado a su despacho. “Es probable que haya llegado, pero a mis manos todavía no”, dijo Jaime.

Ocho meses de papeleo

La nota con la solicitud de información que hizo Estados Unidos llegó a la cámara en abril de 2011. Según Arévalo, la contestación fue enviada hasta la semana pasada a la Corte porque han tardado ocho meses en transcribir a inglés la documentación del caso.

“Es una prevención la que hizo Estados Unidos, pero no fue a consecuencia que la solicitud estuviera incompleta, sino que uno de nuestros testigos falleció. EUA nos estaba pidiendo identificar a Silva”, explicó Rolando Monroy, jefe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía.

Monroy asegura que el trámite se ha atrasado por la certificación de documentos: “En El Salvador la autoridad central es la CSJ y si a eso se le agrega que tienen que hacer trámites diplomáticos. Sobre la demora del trámite no podría pronunciarme porque es un trámite diplomático”.

Monroy añade que la declaración de García Soto no se convertirá en el testimonio principal para inculpar a Silva Pereira. Según él, si Estados Unidos acepta entregar al exdiputado, la Fiscalía usará la declaración anticipada que dio el exalcalde de Berlín al inicio de la investigación. Buscan comprobar que Silva Pereira obtuvo al menos 14 licitaciones amañadas con diferentes alcaldías.

“Existen otros informes de la Corte de Cuentas, del Ministerio de Hacienda que vienen a reforzar lo dicho por el testigo en el anticipo de prueba”, dijo Monroy.

Ni la Fiscalía ni la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador saben el paradero de Silva Pereira. La última información que tuvieron es que enfrentaba un proceso en Arizona por violación de leyes migratorias estadounidenses.

El Salvador no es el único país que ha pedido la extradición de Silva Pereira. Este tiene un proceso pendiente en el Juzgado Noveno de Primera Instancia Penal de Guatemala, donde lo acusan de ser el autor intelectual del asesinato de tres diputados salvadoreños al Parlamento Centroamericano y su motorista, quienes murieron calcinados en febrero de 2009. Según la Fiscalía de Guatemala, Silva planificó el crimen como una venganza contra el partido político ARENA por haber apoyado un antejuicio en su contra.