“Algunos magistrados se sienten con licencia de violar la Constitución”

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Este 11 de febrero se realizará la elección de los 15 candidatos a una magistratura en la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Compiten 43 aspirantes. Ulices del Dios Guzmán es uno de ellos, ya que aspira a su reelección para el máximo tribunal de justicia. Y para ello lleva el respaldo de tres asociaciones de abogados.

“Para la sociedad ofrezco el ejercicio de una jurisdicción defensora y protectora de los derechos de la ciudadanía, sobre todo en los derechos humanos que tienden a balancearse a favor del victimario”, expresó ayer el funcionario judicial durante su participación en la Entrevista en Línea de LA PRENSA GRÁFICA.

Y es que Guzmán es de la idea que “hay distorsión en el adoctrinamiento de algunos jueces”, puesto que los derechos humanos se aplican en la actualidad para proteger a los criminales, según explicó.

Además que considera que efectivamente existe garantismo en el sistema judicial: “Cuando los jueces toman algunas decisiones, hasta desprotegen a la ciudadanía y es consecuencia de esa visión garantista de los criminales”.

Para el magistrado de la Sala de lo Penal, también “hay cierto virus en el interior del Órgano Judicial porque algunos magistrados se sienten con licencia para irrespetar las leyes y el debido proceso”. Lo argumentó diciendo que algunas resoluciones expresan abiertamente una violación a la Constitución de la República: “Ahora abiertamente algunos magistrados se sienten con licencia de violar la Constitución”. Aseguró que la situación representa un retroceso.

De igual forma, insistió en que algunos jueces han sido adoctrinados con el sistema del garantismo.

Reformas en lo jurisdiccional

El magistrado Guzmán opina que los índices de criminalidad y violencia que afectan al país son agudos por lo que cree que deben “tomarse medidas excepcionales”. Sobre todo en el plano jurisdiccional, empezando por el Código Procesal Penal, que para el funcionario es viejo y burocrático porque hace los procesos penales demasiado lentos.

En ese contexto detalló: “Esos códigos no pueden arreglarse, se deben derogar totalmente y hacer una legislación procesal penal para nuestra propia realidad. Independientemente de los modelos de otros países, se debe analizar nuestra realidad y elaborar la norma ajustada a la realidad”.

Agregó que lo primero que se debe hacer es buscar una coordinación efectiva entre la Fiscalía General de la República, la Policía nacional Civil y los órganos Ejecutivo y Judicial porque por el momento están “descoordinados”. Apuntó que aun con las leyes actuales del país se podría tener mejores resultados si todas las áreas están acopladas.

Con el tema de las leyes o los códigos ajustados al contexto local, el magistrado ejemplificó la Ley contra el Crimen Organizado y Delitos de Realización Compleja, que “tiene un prototipo de proceso penal que es mucho más simple, mucho más ágil, y más barato”, y que ha demostrado funcionar incluso mejor que la jurisdicción común.

Acerca de la propuesta del ministro de Seguridad y Justicia, David Munguía Payés, sobre el estado de excepción en zonas altamente peligrosas, consideró que puede ser un momento adecuado para llevarlo a cabo, pero hizo énfasis en que debe tenerse cuidado con el modo en que se decreta y cómo se aplica.

Consideró que se necesita analizar mejor la propuesta para precisar si es buena o mala; no obstante, dijo que se percibe que el ministro parte de que lo hecho hasta ahora no estaba dando resultados y por eso se debe cambiar y hacer nuevas propuestas.

Aseguró que todavía hay tiempo para hacer todos los cambios necesarios en materia judicial, pero se necesita “inteligencia y audacia”.