Investigación. La detención decretada contra el juez Miguel Reyes Hernández fue suspendida debido a que se presentó ayer a enfrentar el proceso, dijo su defensor. La FGR tiene cuatro meses para ampliar la investigación.

“No es el juez el que la tiene que pedir (la reposición del documento que ordenaba hacer los embargos), sino los particulares.”
Jaime Vilanova Chica
defensor particular del juez procesado

El Juzgado Tercero de Paz de Santa Tecla resolvió ayer que Miguel Reyes Hernández, quien hasta hace poco se desempeñaba como juez de lo Laboral de ese mismo municipio, deberá continuar procesado en libertad restringida por el delito de prevaricato, es decir, emitir resoluciones contrarias a la ley. 

La Fiscalía General de la República (FGR) pidió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en septiembre de 2011, que a Reyes Hernández le fuera retirado el fuero para poder ser encausado en un tribunal común. La FGR lo acusa de levantar embargos sobre vehículos y cuentas bancarias, lo que supuestamente perjudicó a varias personas, en un caso que Reyes procesó en el Juzgado de lo Laboral de Santa Tecla en 2007.

El juicio se había originado dos años antes en un tribunal civil de Ciudad Delgado. 

Jaime Vilanova Chica, defensor particular del juez, mantuvo ayer su posición de que Reyes Hernández levantó los embargos porque nunca recibió el documento original que ordenaba realizarlos. “Ese documento no ha sido encontrado aún”, agregó. 

La estrategia de la defensa se ha centrado en plantear que, según la ley de notariado, el juez necesita el documento original para mantener el embargo. 

El jefe fiscal de la Unidad de Administración de Justicia, Tobías Menjívar, dijo ayer que “el juez podía haber usado la figura de la reposición (del documento)”. Sin embargo, para Vilanova Chica, tal procedimiento solo es aplicable cuando la reposición es solicitada por los involucrados en el caso: “No es el juez el que la tiene que pedir, sino los particulares”. 

Tanto la FGR como la defensa explicaron que el Juzgado Tercero de Paz de Santa Tecla decretó la detención preventiva para Reyes Hernández. Sin embargo, el tribunal sustituyó la cárcel con medidas como no salir del país y presentarse a firmar al juzgado cada ocho días. 

Reyes Hernández ya fue condenado civilmente a reponer los costos de los embargos levantados. En 2007, esa cantidad ascendía a poco más de $822,000. 

El fiscal Menjívar explicó ayer que Reyes Hernández no ha cancelado esa cantidad, que con los intereses actualmente ronda $1,265,000. “Él (juez) ahorita está insolvente. Recuerde además que lo suspendieron en la Corte”, dijo el jefe fiscal. 

Vilanova Chica añadió que reiterarán la solicitud de búsqueda del documento original durante el período de investigación.