“El testigo (Roberto Cañas) dio otra información que en su momento se remitió a la unidad correspondiente.”
Rodolfo Delgado
jefe fiscal contra el crimen organizado
“Nosotros no le dimos criterio (de oportunidad). Era un testigo protegido, nada más.”
Rolando Monroy
jefe fiscal de la Unidad de Investigación Financiera (UIF)
5
años, aproximadamente, permaneció como testigo protegido Roberto Carlos Cañas, alias “el Pupusa”.
El Programa de Protección a Víctimas y Testigos aseguró que Roberto Carlos Cañas, clave “Arturo”, ya no era un testigo protegido, ya que renunció voluntariamente el año pasado.

 


En vida tuvo tres nombres. El de nacimiento fue Roberto Carlos Cañas. En 2004, sin embargo, ya era conocido por un alias: “el Pupusa”. Tres años después fue bautizado con otro que se convirtió en su clave de testigo protegido, Arturo, responsable de amplias condenas contra pandilleros en San Miguel y quien, además, declaró en contra de empresarios de oriente del país involucrados en el narcotráfico, identificados como parte de la banda Los Perrones.

Su testimonio fue usado por la Fiscalía General de la República (FGR) desde julio de 2007 hasta mediados de 2011 para resolver al menos cinco homicidios y cuatro casos de extorsión contra rutas de buses y taxistas de San Miguel. 

Las declaraciones también robustecieron la investigación de varios casos de narcotráfico. Principalmente, procesos contra empresarios de fortunas cuestionadas. “El testimonio de Cañas fue determinante para lograr las condenas”, reconoció en su oportunidad uno de los fiscales que llevó el proceso contra los asesinos de Herbert Platero, hijo de un reconocido empresario de San Miguel asesinado el 16 de febrero de 2007 por varios pandilleros.

 

Tras más de cuatro años de frecuentar pasillos judiciales y salas de audiencias en San Miguel, incluso algunos de San Salvador, por casos de narcotráfico y lavado de dinero, Cañas recobró su libertad, sin que la Fiscalía volviera a saber de su paradero.

El 17 de diciembre de 2011 en la tarde, un hombre fue asesinado en Sonsonate. Los periódicos le dedicaron pocas líneas al crimen: “Este día por la tarde apareció envuelto en una sábana el cadáver de Roberto Carlos Cañas, de 25 años, atado de manos, pies y cuello. Se presume que murió estrangulado y que los hechores serían pandilleros de la colonia San Rafael”.

El cadáver fue llevado al Instituto de Medicina Legal de Sonsonate como desconocido. Hasta el siguiente día, familiares lo identificaron como Roberto Carlos Cañas. El “Pupusa”, Arturo.

 

La autopsia confirmó que Cañas murió estrangulado. En su sangre se encontraron rastros de cocaína, dijo el forense encargado.

El control de levantamiento de cadáveres que lleva la FGR en Sonsonate contó el homicidio. Sin embargo, ningún fiscal sabía que se trataba de Arturo, el testigo protegido. Incluso ahora, seis meses después del crimen, los fiscales de Sonsonate desconocen que el que murió aquella vez fue “el Pupusa”.

 

Una vez identificado, sus parientes dijeron a la policía que Cañas residía en la colonia 18 de Mayo de San Miguel y que, días antes de su muerte, se había mudado al barrio San Jacinto de San Salvador.

 

Los allegados contaron lo último que “el Pupusa” les dijo: “Iba a viajar al occidente del país a realizar algunas diligencias”.

La Policía Nacional Civil cree que fue llevado con engaños hacia Sonsonate, donde fue privado de libertad para luego asesinarlo.

 

El director del Programa de Protección a Víctimas y Testigos de la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia, Mauricio Rodríguez, aseguró que Arturo fue asesinado cuando ya estaba fuera del programa. “Él renunció a las medidas (de protección) el año pasado. Ya no las quiso”, dijo.

 

Investigadores policiales afirmaron que por la forma en que fue encontrado su cadáver, en una bolsa y no envuelto en una sábana, como se dijo al principio, Cañas fue asesinado por pandilleros de Sonsonate, quienes acostumbran a ejecutar a sus víctimas bajo estas circunstancias. Meter los cadáveres dentro de bolsas negras es una especie de “marca registrada”.

 

En 2007 una treintena de miembros de pandillas fueron procesados –varios condenados– por más de una decena de asesinatos, cuya característica común era haber abandonado a las víctimas en la vía pública dentro de grandes bolsas negras, como las utilizadas para basura. La creatividad de los investigadores nombró al caso de forma obvia: Los embolsados.

 

El “sello” de los homicidios continúa utilizándose en Sonsonate. Hasta la fecha, las autoridades no han podido dar con los responsables del crimen de Cañas. La Fiscalía reconoció que cuenta con pocas pistas que ayuden a determinar el móvil y la identidad de los homicidas.

 

De hecho, en la oficina fiscal de Sonsonate se desconoce la colaboración que Cañas brindó en sonados casos de crimen organizado. Por ello, también desconocen que “el Pupusa” es el segundo testigo, de los múltiples casos de Los Perrones, que es asesinado.

 

Declaración

El relato de “el Pupusa” se encuentra en el expediente 41-01-08-06 abierto en el Juzgado Especializado de Instrucción de San Miguel. El documento contiene una amplia narración de la vida de Cañas en el mundo de los grupos Sitios Locos, Sailor Locos y Fulton Locos que operan en la ciudad de San Miguel.

 

Su testimonio ayudó a que la policía y la Fiscalía lograran desarticular buena parte del entramado de siete pandillas que aún monopolizan las extorsiones en San Miguel, cada una en su territorio específico. Estas, de acuerdo con las autoridades, son responsables de la mayoría de homicidios registrados en la ciudad, con vasos comunicantes con el tráfico de armas y de drogas.

 

Su ingreso a la pandilla ocurrió cuando trabajaba en una ruta de autobuses. Cañas, entonces ya declarando como Arturo, recordó que a los pocos meses de haber comenzado a trabajar fue instigado por pandilleros para que ingresara a la estructura.

 

Comenzó por hacerles pequeños “favores”. Al paso del tiempo esa colaboración fue creciendo. Llegó incluso a proporcionarles transporte, a ocultar armas en microbuses, trasladar droga, recoger el dinero de extorsiones, entre otras acciones, según su propia declaración a las autoridades.

En noviembre de 2006, Arturo, junto con su hermano menor, era el encargado de recoger el dinero de las extorsiones de una de las rutas de buses migueleñas. No obstante, aún no era considerado miembro de la pandilla, según él mismo reconoció.

Un operativo policial en marzo de 2007 desarticuló casi por completo al grupo Sitios Locos de San Miguel. Fue entonces que dos de los líderes de la pandilla le invitaron a integrarse en calidad de miembro. Cañas contó que al principio rechazó la oferta.

 

Bastó una llamada telefónica para convencerlo. Un día, un pandillero le entregó un celular. El aparato sonó y la voz al otro lado era la de uno de los cabecillas de los Sitios en San Miguel: José Arquímides Pérez, conocido también, en la investigación policial de la División Élite contra el Crimen Organizado (DECO), como “Scroop” o “Punche.”

 

Pérez estaba recluido entonces en la cárcel de Ciudad Barrios. Le recordó al “Pupusa” los favores que le había hecho a la pandilla. “Ponete planchado y metete a la mara y si no lo hacés, te vamos a matar a tu familia”, le dijo para persuadirlo de “brincarse” (entrar a la pandilla). Cañas le contó a la PNC que por ello se vio obligado a sumarse a la banda.

 

Cañas fue arrestado en 2007. Su entrevista con miembros de la PNC y la Fiscalía ocurrió tres meses después de ser declarado culpable en un caso de extorsión en un tribunal especializado. La oferta fue puesta frente al pandillero recién incorporado: quitarle los cargos que ya tenía a cambio de su declaración para incriminar a otros miembros de la estructura.

 

Las autoridades confirmaron que “el Pupusa” no dudó en aceptar la oferta. Su relato sirvió para la condena de 17 integrantes de siete bandas por varios homicidios y extorsiones al transporte público en San Miguel.

 

Génesis del caso Perrones

Investigaciones policiales de 2007 y 2008 relacionaron a los grupos procesados con la supuesta estructura que dirigía el exsargento de la PNC, Nelson Antonio Arriaza, sentenciado posteriormente por cuatro homicidios.

 

Las pesquisas sobre 31 homicidios arrojaron que en nueve de estos hubo vínculos entre pandilleros y los entonces policías, con órdenes giradas supuestamente desde las cárceles de Ciudad Barrios, Chalatenango y San Francisco Gotera. Las armas relacionadas en varios de los asesinatos fueron las mismas.

 

El jefe fiscal de la Unidad Contra el Crimen Organizado (UNICCO), Rodolfo Delgado, confirmó que fue su unidad la que primero puso sus ojos sobre Cañas para obtener su testimonio.

 

En su declaración, Cañas habló de cinco homicidios, cuatro extorsiones y dos casos más. Según Delgado, la “otra” información fue remitida a la unidad fiscal correspondiente. Se refiere a la Unidad de Investigación Financiera (UIF).

 

Cañas relató que trabajó como motorista para el empresario de San Miguel Domingo Antonio Saravia. En 2007, cuando ya delataba a sus compañeros de pandilla, “el Pupusa” dijo que hizo para Saravia varios viajes hacia Guatemala por órdenes del empresario.

 

Saravia ya estaba entonces bajo una mirada más que escrutadora de parte de las autoridades. Cuando el sargento Arriaza fue capturado y acusado del homicidio del campesino Amado García, asesinado el 28 de julio de 2007, Saravia era un próspero empresario de San Miguel.

 

Las investigaciones de la época reseñan que autoridades policiales habían querido trasladar a Arriaza –quien era el jefe de investigaciones de San Miguel–, pero que quejas de algunos empresarios lo habían impedido. Entre los que se quejaron señalaron a Saravia.

Al empresario, sin embargo, no lo procesaron por tales nexos, sino por lavar unos $13 millones. En octubre de 2009, el Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador lo exoneró del delito junto a su esposa Carmelina de Saravia.

 

En ese proceso judicial, Arturo declaró que le manejó microbuses a Saravia llevando personas hacia Guatemala que buscaban llegar de forma ilegal a Estados Unidos.

 

El vehículo no regresaba vacío. Según Arturo, al retorno traía droga. El testigo aseguró que Saravia llevaba tales negocios con Juan María Medrano Fuentes. Dijo, además, que en una ocasión le entregó armas de guerra: cuatro fusiles AK-47.

 

Saravia fue de los primeros empresarios del oriente del país procesados por delitos complejos. Luego de él siguió la acusación contra Reynerio Flores Lazo, Fredis Osmín Escobar, Israel Bonilla Granados, Óscar René Molina Manzanares y Wilfredo Reyes. El último en ser procesado fue, paradójicamente, Juan María Medrano Fuentes, conocido también como “Juan Colorado”.

 

Una fuerte prueba testimonial en contra de este último no fue la declaración de Arturo. Fueron las palabras de otro testigo que se convirtió en el primero en ser asesinado dentro del caso de Los Perrones: Edwin Reynaldo Argueta Contreras, también conocido como “el Porras” (ver nota aparte).

 

El fiscal Delgado dijo que Cañas participó en “varias vistas públicas (juicios)” y que, por ello, su calidad de testigo con beneficios a cambio de su declaración (criterio de oportunidad) lo tuvo, por lo menos hasta principios de 2009.

 

El jefe fiscal de la UIF, Rolando Monroy, explicó que si bien Cañas era un testigo protegido en el caso de blanqueo de capitales contra Saravia, no poseía un criterio de oportunidad en ese caso. “Era un testigo protegido, nada más”, dijo Monroy. Un testigo, nada más.