Esta estructura tenía asediado Quezaltepeque. Fue un esfuerzo de más de un año entre FGR y PNC para capturarlos. Esto no puede caerse por una falta administrativa.
Óscar Torres
jefe fiscal de la Unidad Antihomicidios
Ordené la investigación para determinar si ha habido delito y la responsabilidad penal de las personas que resulten involucradas.
Romeo Barahona
fiscal general de la República
La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró ayer que son 29 pandilleros los que fueron liberados sin haber cumplido una condena de cuatro años por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Dirección General de Centros Penales (DGCP) había confirmado el martes que puso en libertad a 17 pandilleros para hacer efectiva una orden girada el 9 de mayo por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Santa Tecla. Sin embargo, según el recuento fiscal, además de las 17 liberaciones confirmadas por Penales, se liberó de forma anticipada a 12 más.
Al hacer nuestras comparaciones con la resolución de la Sala de lo Penal nos aparece que el total que fue liberado es 64, de estos 36 habían cumplido, pero 28 estaban pendientes por agrupaciones ilícitas, y uno más que fue puesto en libertad y que había sido condenado por homicidio, afirmó el jefe de la Unidad Especializada Antihomicidios, Óscar Torres.
El director de Centros Penales, Nelson Rauda; sin embargo, ratificó ayer que según sus registros solo salieron 17. En el informe del ministerio público se señala, por ejemplo, que Guillermo Antonio García Montoya, quien fue condenado en 2009 a 34 años de prisión, fue puesto en libertad. Según el sistema de la DGCP, Montoya continúa recluido en el penal de Quezaltepeque.
El fiscal explicó que para llegar a esa conclusión han recopilado los oficios elaborados por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, la resolución elaborada por la Sala de lo Penal y la documentación remitida al fiscal del caso para determinar si existió negligencia de algún funcionario.
Centros Penales responsabiliza al Juzgado de Vigilancia por haber enviado los cómputos, donde consta que los pandilleros tenían penas pendientes, un mes después de que los reos habían sido liberados. La jueza de Vigilancia Penitenciaria, Ástrid Torres, ha dicho, por su parte, que era obligación de Penales verificar sus registros internos antes de hacer efectivas las órdenes de libertad.
La Unidad Anticorrupción de la FGR tomará la investigación, según dijo ayer el fiscal general Romeo Barahona: Ya ordené la investigación para determinar si ha habido delito y la responsabilidad penal de las personas que resulten involucradas.