Acusación. La fiscalía detalló que la acusación es para 32 personas; 20 de estas se encuentran prófugas aún. Algunas habían recibido medidas de restricción a la libertad en vez de arresto. Ayer no llegaron a la audiencia en el juzgado.

“(Cisneros) colaboraba con la ‘clica’. Les proveía armas y dinero. Tenemos información que contrataba a pandilleros para los homicidios.”
Óscar Castro
jefe fiscal de oficina de Chalatenango

judicial

El Juzgado Especializado de Instrucción de San Salvador envió a juicio a José Misael Cisneros Rodríguez, conocido como “Medio millón”, y a 11 personas más acusadas de agrupaciones ilícitas y homicidio agravado.

El 27 de mayo, la Policía Nacional Civil (PNC) arrestó a Cisneros por cuatro órdenes de captura que había en su contra. La Fiscalía General de la República (FGR) le imputa cuatro homicidios en calidad de autor intelectual.

Cisneros, sin embargo, es señalado por las autoridades del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP), así como en informes de inteligencia policial, como el responsable de traficar armas y droga en la zona norte del país, específicamente en Nueva Concepción, Chalatenango.

También es señalado de tener liderazgo entre pandilleros, pese a no formar parte de la estructura. En mayo del año pasado, la PNC realizó un operativo que buscaba el arresto de Cisneros, pero este no logró ser capturado.

El jefe de la oficina fiscal de Chalatenango, Óscar Castro, aseguró ayer que Cisneros “colaboraba con la ‘clica’. Proveía armas y dinero a estos”.

La fiscalía aseguró que buena parte de la acusación contra Cisneros descansa en una declaración de un testigo que, en 2011 , les reveló que “Medio Millón” ordenó las muertes de cuatro personas en 2010 por “problemas personales”.

El fiscal Castro aseguró, además, que en uno de los homicidios Cisneros tuvo la cooperación de agentes policiales que están entre los acusados con cargos de complicidad en el homicidio y fraude procesal; ya que, según el jefe fiscal, estos habrían querido desviar pruebas.

La hipótesis de la fiscalía apunta a que Cisneros contrató a pandilleros para ejecutar a las víctimas. El pago, según el testigo con beneficios a cambio de su declaración (criteriado), era entre $200 y $300 por cada homicidio. Según la FGR, Cisneros les proveía las armas a los pandilleros que contrataba para los asesinatos.

El declarante fue quien reveló el lugar en el que Cisneros escondía parte de las armas que manejaba.

El 3 de mayo de 2011, la PNC ubicó adentro de un barril –en el cantón Los Remeros, del municipio de Nueva Concepción– tres fusiles AK-47, una escopeta, un lanzagranadas M-79 con su respectiva munición, pistolas y otras armas.

Castro detalló que las pruebas balísticas arrojaron que al menos una de las armas del barril fue utilizada en uno de los homicidios por los que se acusa a Cisneros en grado de autor intelectual.