Decomisos. Los cargamentos para las empresas venían provenientes de China.

La sociedad anónima Las Bodeguitas nació el 2 de febrero de 2010 a las 7:30 de la mañana. Un día después, el 3 de febrero, se creó otra, Santa Ana Exportadores e Importadores, a las 7:45 de la mañana. Ocho horas y 45 minutos más tarde, ese mismo día, una nueva empresa fue fundada: Importaciones y Exportaciones Las Galaxias. Las tres fueron creadas por el mismo abogado y frente a la misma notaria. Las tres tienen la misma dirección. Las tres importaron 190.62 toneladas de químicos desde Shanghái (China), que son utilizados para la elaboración de drogas sintéticas, y que fueron incautados entre abril y junio del año pasado. 

Gerardo Armando Villacorta Archila, como consta en el expediente judicial al que tuvo acceso LA PRENSA GRÁFICA, fundó esas empresas con tres socios, uno por cada sociedad. Dos de ellos son los únicos capturados hasta el momento. Actualmente están procesados por tráfico ilícito de drogas en el Juzgado de Primera Instancia de Acajutla (Sonsonate). Las tres sociedades anónimas, de existencia solo en papel, tenían únicamente a dos participantes activos además de los respectivos socios: Villacorta Archila y el guatemalteco Federico Alejandro Mora García Salas, administrador único propietario y administrador único suplente, respectivamente. Ambos, prófugos.

Un total de 720 barriles de químicos, los llamados precursores, llegó al puerto de Acajutla consignado a Bodeguitas, Santa Ana y Galaxias. En términos brutos: 190 toneladas de fenilacetato de etilo y monometilamina, que luego de un procedimiento, que incluso puede ser casero, se convierten en drogas como las metanfetaminas o el cristal. 

El reporte de 2011 de la Comisión Internacional de Control de Abuso de las Drogas (CICAD) de la Organización de Estados Americanos (OEA), en el área de sustancias químicas y productos farmacéuticos, reseña que como resultado del aumento de controles de precursores de las metanfetaminas, como la efedrina y seudoefedrina, se ha detectado un aumento en el tráfico de otras sustancias utilizadas como sustitutos, como el ácido fenilacético y otros. 

El informe añade: “Los embarques que entran en el hemisferio occidental, y que en última instancia proveen la producción de metanfetaminas en laboratorios clandestinos, provienen principalmente de Bangladesh, China, India, Alemania y Bélgica con destino mayoritario México y América Central”. 

Un amplio reportaje publicado la semana pasada por El Periódico de Guatemala reseña que las numerosas incautaciones de precursores en México podrían, incluso, estar planteando una escalada de laboratorios clandestinos en Guatemala. Cinco fueron desmantelados en 2011. Ese año, Guatemala incautó 2,796 barriles de químicos importados por siete empresas “de cartón” o fantasma: algunas no solo no existen, ni siquiera la dirección es verdadera. 

Las empresas ficticias salvadoreñas servían para ser notificadas cuando el químico tocara tierra. El destino final, según registros, eran dos empresas guatemaltecas. La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que un salvadoreño que hizo las importaciones amparándose únicamente en su nombre también buscaba llevar los precursores al mismo país.

Empresas fantasma

Los casos de las empresas salvadoreñas importadoras, así como el de Luis Palacios Escamilla –que hizo por lo menos tres importaciones de contenedores con las mismas sustancias actuando como persona natural–, fueron descubiertos por informantes que avisaron a la Policía Nacional Civil (PNC), reseña el proceso. 

Eso sucedió el 25 de marzo de 2011 en la tarde. Un agente policial recibió la información: el 9 de abril llegarían a Acajutla tres contenedores que, después, serían llevados a Guatemala hacia laboratorios clandestinos. Desde el aviso, agentes del Centro de Inteligencia Conjunto Antinarcóticos (CICA) de la PNC realizaron vigilancias y seguimientos hasta ubicar a la empresa Bodeguitas en la avenida Buganvillas de la colonia San Francisco, en San Salvador. Ahí, donde ahora funciona una empresa de asesoría en seguridad y funcionaban, hasta 2011, varios despachos legales. Ahí, donde supuestamente las tres empresas registraron la existencia de su local. 

Villacorta Archila y su socio, Jorge Francisco Molina Juárez, buscaron a la notaria Patricia Sánchez para fundar la empresa Bodeguitas en febrero de 2010. Sánchez hizo la escritura y recibió dos cheques que servían para cubrir el valor de las 100 acciones que tendría la empresa: 50 acciones cada uno, a $20 por acción. El representante sería Villacorta Archila; el propietario suplente, el guatemalteco Federico Alejandro Mora García Salas. 

Datos del Registro de Comercio arrojan que Mora García y Villacorta Archila son los titulares de las tres empresas. Los socios, distinto para cada una, no tienen participación activa dentro de ellas. Molina Juárez, no obstante, aparece en el proceso judicial como empleado de Villacorta Archila. 

La historia se repitió con la empresa Santa Ana: reparto de acciones entre Villacorta Archila y otro de sus socios, Manuel Hernández Garzona. En la empresa Galaxias, sin embargo, la socia que suscribió la mitad de las acciones es una mujer de 27 años que no fue acusada –a diferencia de los otros socios– ni es mencionada en el resto del proceso. El giro comercial de las tres sociedades, en documentación del Registro de Comercio, reseña vagamente como “comercialización, representación, importación, exportación de productos varios”, y otros. 

Aunque los agentes de inteligencia antinarcóticos tenían ubicado a Villacorta Archila desde finales de marzo e, incluso, el día que entraron los tres contenedores, este no fue arrestado. En las siguientes semanas, el nombre del abogado saldría a relucir con seis contenedores más. 

Los procesados, entonces, fueron los socios Molina Juárez y Hernández Garzona. El tercer detenido y procesado fue Juan Carlos Carías Herrera, el tramitador de los contenedores. La notaria Sánchez no fue acusada. Los tres fueron capturados el 18 de agosto de 2011, después de meses de investigación. 

Cuando los químicos fueron intervenidos en Acajutla, las autoridades verificaron que estos iban dirigidos hacia la empresa guatemalteca Consolidados Royal. Esta empresa, según el Registro de Comercio de Guatemala, tiene sede en Ciudad Guatemala (fundada en 2006). Su fuerte, según su inscripción, es importación y exportación de ropa para damas, caballeros y niños, y artículos de hogar. De químicos, nada. 

El 19 de mayo de 2011 otros dos contenedores fueron ubicados en el puerto de Acajutla. El consignatario en esa ocasión era la empresa guatemalteca Discovery, pero la notificación de la llegada fue cubierta por la sociedad salvadoreña Santa Ana Exportadores e Importadores. La mercadería fue declarada como salicilato bencílico, químico cuya importación no es controlada. La inspección arrojó que, al igual que los primeros tres contenedores, se trataba de otro químico, de fenilacetato de etilo. El salicilato bencílico se usa en la fabricación de cosméticos y no es controlado por las autoridades. 

La empresa Santa Ana tenía, casualmente, la misma dirección que Bodeguitas: la colonia San Francisco. Y la guatemalteca Discovery, al igual que Consolidados Royal, estaba en el rubro de importación de la ropa de damas, caballeros y niños, aunque fue fundada en 2010. Estas dos empresas, Bodeguitas y Santa Ana, fueron las responsables de otros cuatro contenedores decomisados en Acajutla el 1.º de junio de 2011. Esta vez el químico era monometilamina.

Un total de nueve contenedores importados, cada uno con 21.18 toneladas, comprados a un precio de $400,000 por contenedor. Una inversión de $3.6 millones por las 190 toneladas de químicos, una inversión bajísima si se calcula el lucro que pueden obtener los carteles del narcotráfico. En México, según la Secretaría de Defensa, el kilo de metanfetaminas puede costar 300,000 pesos ($25,000). Si se considera que por cada tonelada de químicos se obtiene, por lo menos, media tonelada de droga sintética procesada, las ganancias se disparan.

Por eso los precursores son tan deseados, pese a los controles de los que son objeto. Los narcotraficantes, en cualquier caso, encuentran la manera. La CICAD y la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de Naciones Unidas, en su informe de precursores de 2011, lo plantean así: “Debido al reforzamiento de las medidas de fiscalización en muchas regiones, en particular América del Norte, Asia Oriental y Oceanía, los fabricantes de drogas ilícitas se han visto obligados a buscar precursores alternativos para producir metilanfetamina”.

El jefe antinarcóticos de la FGR, Jorge Cortez, quien ha confirmado la investigación, añade: “Las organizaciones criminales hacen esto porque los precursores como la efedrina, seudoefedrina y el P2P están bien controlados”.

En palabras sencillas: convierten un químico controlado, monometilamina, en un precursor como la efedrina. Después, con otra mezcla más, se llega a la meta: metanfetaminas. 

El fiscal Cortez dice que aunque les lleve más tiempo al final “iban a obtener el resultado final que ellos querían, que es la seudoefedrina, para poder con el P2P obtener la metanfetamina”.

La meta: Guatemala

Los titulares de las empresas guatemaltecas que recibirían los químicos están “limpios” en los archivos judiciales de ese país y, además, no están bajo investigación. Mora García, el guatemalteco prófugo de las empresas salvadoreñas, también. 

Una búsqueda, a través de sus direcciones consignadas en el registro, arroja una realidad similar a El Salvador: las empresas nunca han existido. La empresa Discovery registra su dirección en la colonia Pinares del Norte, conocida por su alta peligrosidad, en la zona 18 de Ciudad Guatemala. La vivienda verde, con doble portón blanco, es la residencia de un pastor evangélico que comenta que “han venido varias personas buscando esa empresa, pero aquí nunca ha funcionado nada de eso”. Consolidados Royal fijó su local en el edificio Horizontal de la zona 1. Un ordenanza, con 10 años de trabajar ahí, asegura que nunca ha existido tal empresa. 

En el caso salvadoreño, aunque las empresas consignaron su dirección en la colonia San Francisco, el fiscal Cortez aclara que en ese lugar no se encontró nada vinculado a ellas. Legalmente existen solo en unas cuantas hojas del Registro de Comercio. Y casi ni eso: su matrícula está en trámite y no tienen NIT. 

El lunes 18 de junio se verificó que en el local de la colonia San Francisco hay una empresa de seguridad. La recepcionista y otro empleado dijeron que nunca han funcionado empresas de nombre Bodeguitas, Santa Ana o Galaxias en ese lugar. Afuera de la casa hay un rótulo: “Se alquilan oficinas”. 

Cuando se realizaron las capturas y varios registros a viviendas, en agosto de 2011, la PNC consignó que Molina Juárez viajó a México en varias ocasiones. A él y a Villacorta Archila, además, se les detectó envío de fondos hacia el extranjero. 

Hernández Garzona, otro de los procesados, ha presentado durante los últimos meses declaraciones juradas a su favor. Estas hablan de su laboriosidad y honorabilidad. Una de ellas va con una firma que dice ser del diputado suplente de GANA Érick Campos.

Lo que sí encontró la PNC en el registro de la colonia San Francisco fueron oficinas de abogados. Parte de la evidencia que la PNC y la FGR decomisaron en el lugar fueron 28 facturas de arrendamiento de uno de los locales a nombre de Edwin Orellana Núñez, actual síndico de la Alcaldía de Antiguo Cuscatlán. 

Orellana Núñez no ha sido acusado en el proceso. El fiscal Cortez aclara, no obstante, que está bajo investigación, así como el resto de personas y la notaria Sánchez: “Todavía estamos en investigación. Estamos realizando investigaciones alrededor de él (Orellana), de otro abogado que está procesado acá, que está ausente (Archila), por el momento no podría adelantar o ampliar sobre ese tema”. 

Orellana Núñez fue consultado vía telefónica y cuando se le explicó de qué se trataba únicamente dijo: “Mire, yo no tengo nada que ver con eso”. Negó, además, que haya tenido oficina en la colonia San Francisco, ni saber de qué se trataban las incautaciones. 

“Para nosotros es importante determinar la participación de ellos, no solo en el hecho de por qué formaron parte de estas sociedades o facilitaron como abogados (sus) protocolos, o buscaron a personas para que se montaran las escrituras en esos protocolos”, añadió Cortez. 

A los investigados y a los procesados no les ubicó mayor rastro financiero, ni propiedades de inmuebles, ni nada significativo en términos de manejo de fondos. 

El propietario de la cuenta bancaria, es decir, quien financió la fundación de las empresas, se queda en el limbo. El fiscal Cortez dijo que no revelaría el nombre porque la investigación está en desarrollo. Se pudo comprobar, sin embargo, que la cuenta fue bloqueada. 

De otros detalles, la fiscalía explicó que no puede hablar. Entre ellos las solicitudes formales de información giradas a Guatemala y México respecto al caso. No se sabe el destino del dinero enviado por Villacorta Archila y Molina Juárez. Tampoco cuántas veces este último viajó a México. 

Aunque se solicitó información de los movimientos migratorios de algunos de los procesados a la Dirección General de Migración, dijeron que los datos son reservados. En el Ministerio de Hacienda tampoco dieron información sobre las empresas investigadas y sus importaciones previas.