Responden a CCJ. Los magistrados Belarmino Jaime (al centro), Rodolfo González, Florentín Meléndez y Sidney Blanco, luego de sesionar ayer, declararon inconstitucionales las disposiciones de la Corte Centroamericana de Justicia.

“Ellos están analizando la situación. Imagino que están viendo la respuesta que se va a dar (a la Corte Centroamericana).”
Néstor Castaneda
magistrado de Sala de lo Constitucional de CSJ
Admisión de demanda
La Corte Centroamericana de Justicia emitió un fallo de dos páginas y media con los siguientes puntos:
La CCJ admitió la demanda contra el Órgano Judicial, representado por el magistrado presidente doctor José Belarmino Jaime, por supuestas violaciones a los principios, propósitos, objetivos y normativas del derecho comunitario de Centroamérica.
La Corte Centroamericana resolvió: “A fin de resguardar los derechos de las partes, de no agravar cualquier mal que pudiera ocasionarse por la situación planteada, dictase la medida cautelar consistente en suspender los efectos de las sentencias emitidas por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador de las quince horas del cinco de junio de dos mil doce (Inc. 19-2012) y de las quince horas con cuarenta minutos del día cinco de junio de dos mil doce (Inc-23-2012), en tanto esta Corte se pronuncie de manera definitiva”.

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) informó ayer por la noche vía redes sociales que declaró “inaplicable” lo actuado por la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) y dejó establecido que las disposiciones de “suspender el acto reclamado” (dejar nulos momentáneamente los fallos de la sala mientras se delibera) no tienen validez.

Los magistrados de la sala determinaron que sus sentencias de inconstitucionalidad sobre los nombramientos de magistrados de los períodos 2006-2015 y de 2012-2021 son de obligatorio cumplimiento por la Asamblea Legislativa, por lo que ordenó a este órgano de Estado que cumpla con los fallos de la sala.

Además consideró que las disposiciones emanadas de la CCJ son “inconstitucionales”, por lo que las sentencias de esta sala no pueden quedar suspendidas. Al desconocer lo actuado por la CCJ, según la sala, el congreso deberá hacer nuevamente los nombramientos de magistrados 2012-2021 y, según sea la decisión, ratificar a los del período 2006-2015 o elegir nuevos.

Diputados de GANA y FMLN que fueron consultados en la sesión plenaria anterior en la Asamblea Legislativa adelantaron que la sala está obligada a acatar las disposiciones de la CCJ, caso contrario podrían incurrir en una ilegalidad. Algunos legisladores incluso hablaron de posibles destituciones de magistrados de la Sala de lo Constitucional en caso de que no se obedezca a la CCJ. 

Notificación CCJ llegó ayer

La Sala de lo Constitucional fue notificada ayer por la CCJ de la admisión de la demanda interpuesta en su contra por haber declarado inconstitucionales dos elecciones de magistrados de CSJ.

La CCJ le notificó a Belarmino Jaime, presidente de la Corte Suprema y de la Sala de lo Constitucional, que el jueves 21 de junio de 2012, por unanimidad, el tribunal regional admitió la demanda interpuesta por el presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, contra el Órgano Judicial.

En la notificación, la CCJ le informó al presidente de la Corte Suprema que con la admisión ordenó que se suspendan los efectos de los dos fallos más recientes de la Sala de lo Constitucional.

La CCJ también estableció que, a partir de la notificación, el Órgano Judicial cuenta con seis días para rendir informe detallado “sobre los extremos de las pretensiones contenidas en la demanda interpuesta”.

La sala no esperó los seis días para dar su respuesta y desconoció las disposiciones de la CCJ por “inconstitucionales”.

Se intentó hablar con el presidente de la CSJ, pero al cierre de esta nota no contestó su teléfono celular.

Continúa proceso de fiscal

Por otra parte, la Sala de lo Constitucional informó, mediante un comunicado de prensa, que ayer mandó a pedir opinión a la Fiscalía General de la República (FGR) sobre la demanda presentada por un abogado contra el decreto con que se nombró a Ástor Escalante como nuevo fiscal general, a pesar de que el actual fiscal general, Romeo Barahona, sería juez y parte.