Condena al MARN por toxafeno en San Miguel

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 La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) emitió el pasado 20 de marzo una censura pública al ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Carlos José Guerrero. Según el procurador, esta se basa en la Constitución de la República y en la ley de la entidad.

Las razones expuestas para tal censura son básicamente dos: la primera, el incumplimiento a las recomendaciones de la PDDH de no causar daños al ambiente y a las personas efectuando gestiones para etiquetar, embalar y trasladar las sustancias tóxicas que están en la bodega de la ex fábrica Monsantos, ubicada en carretera Panamericana, kilómetro 43, San Miguel.

La segunda razón, es “por la negligencia en la gestión del adecuado embalaje, traslado, tratamiento y protección de los barriles conteniendo sustancias peligrosas (...) sin que a la fecha se haya hecho efectivo el traslado de los barriles, la evaluación de la contaminación producida en la zona, así como las gestiones para la descontaminación”.

Además, la Procuraduría recomienda al ministro Guerrero que se efectúen de inmediato el retiro de los barriles, así como el embalaje, traslado y disposición final; que ordene las medidas para la descontaminación, así como llevar a cabo gestiones para reparar daños tanto al medio ambiente como a personas que resulten contaminadas.

La institución ha dado seguimiento al problema de los 94 barriles que contienen toxafeno al 90% de concentración, los cuales fueron abandonados en una bodega. Esta era propiedad de Agrogell S. A. de C. V., que fue desmantelada en 1998, originando el deterioro de los envases.

En 2002, esta institución señaló como responsable de la violación al derecho humano al medio ambiente a la ex ministra Ana María de Majano. Asimismo, recomendó al titular José Walter Jokisch tomar las medidas necesarias para retirarlos del lugar, sin esperar que terminara el proceso penal que se seguía al representante de Agrogell, Manuel Gutiérrez, en el Juzgado Segundo de Sentencia. También hubo llamamientos y peticiones al ex ministro Hugo Barrera.

Nadie hizo eco a los llamados de la institución, aun conociendo que el toxafeno se absorbe mediante ingestión (tomar agua de pozos contaminados, o en niños comer tierra contaminada), inhalación (respirar aire cerca de un sitio de residuos peligrosos donde se desechó) y a través de la piel, según un estudio que hizo la Organización de Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

Mucho menos parecieron reparar en que es una sustancia irritante para la piel, los ojos y las membranas mucosas y es sensibilizante. Es una neurotoxina. Puede ocasionar lesiones hepáticas y renales.

Nadie presentó un estudio sobre el daño al medio ambiente en la zona. La persistencia o duración del toxafeno en agua y suelo suele ser de tres a cuatro años. De acuerdo con el director de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), Ángel Ibarra, “pueda que el tóxico se haya descompuesto, pero ello no significa que no pueda haber ocasionado contaminación en la zona”.

Un préstamo

El Salvador adquirió un préstamo de $136,000 para poder llevar a cabo el proyecto “Diseño e implementación del plan estratégico de descontaminación y reenvasado de los barriles con toxafeno”.

Guerrero contrató el crédito 1209/OC-ES y firmó un contrato de prestación de servicios especializados con la empresa Tredi S.A. de C.V. (Tratamiento, Revalorización y Eliminación de Desechos Industriales). Esa empresa tiene su sede en Francia y una sucursal en Colombia.

Un 40% que fue cancelado a Tredi, $54,400 que les fueron otorgados por una capacitación a actores locales que, según lo constató LA PRENSA GRÁFICA y que fue publicado el 18 de abril de 2007, nunca se llevó a cabo. Tredi no aisló los tóxicos de la población ni colocó protección perimetral, tampoco descontaminó el área.

El 25 de julio de 2003, el MARN, presionado por la PDDH, sancionó al representante de Agrogell, Manuel Gutiérrez, a pagar $11,800, lo cual nunca se concretó. El 8 de septiembre de 2004, el Juzgado Segundo de Sentencia condenó al representante de Agrogell y a la empresa a pagar una multa de $150,000. Gutiérrez fue procesado por el delito de desobediencia a particulares, pero el caso fue a casación y hasta la fecha no se ha conocido la resolución.

El 14 de febrero de 2005, el Juzgado Segundo de Sentencia autorizó al MARN proceder al desalojo de los tóxicos y el 8 de marzo hace entrega simbólica de los barriles al ministerio. Durante esta inspección las autoridades corroboraron que 18 barriles están completamente deteriorados y derrame del tóxico en el suelo.

Cuatro meses más tarde, la PDDH giró oficio al ministro del MARN, Hugo Barrera, en vista que los depósitos no fueron retirados. Este informó que estaba en proceso de licitación la limpieza y reenvasado.

El proceso de desgaste en la zona continuó su curso sin que el Ministerio de Medio Ambiente diera muestras de querer cambiar las cosas. Del 12 al 16 de octubre de 2007 se envasaron los tóxicos en nuevos barriles: 58 de color azul, 38 de color gris y 23 bolsas de “big bag”, pero en abril de 2008 un incendio hizo que las bolsas que contenían suelo contaminado se quemaran, el área nunca fue aislada.

TREDI nunca apareció ni se supo si reintegró los $54,000 que le fueron adelantados por retirar los tóxicos de la zona. El MARN se comprometió en enero a que aislarían el lugar, pero tampoco lo hicieron y todo sigue al aire libre. LA PRENSA GRÁFICA intentó obtener la versión del ministro Guerrero, pero una fuente de Medio Ambiente aseguró que estaba fuera del país.

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