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La Fiscalía General de la República (FGR) lanzó ayer oficialmente la política de persecución penal juvenil que consiste en un conjunto de normas, criterios y directrices creadas para el abordaje de los crímenes cometidos por jóvenes.

El documento se refiere a la “protección integral” que deben tener los adolescentes que ingresen al sistema penal juvenil, además del mandamiento, dirigido a los fiscales, de presumir la inocencia de los adolescentes.

“En virtud de este principio, el fiscal procurará que no se exhiba al adolescente ante los medios de comunicación o que se revelen datos que afecten su identidad, dignidad, intimidad y buen nombre”, se lee en el documento.

De acuerdo con el fiscal general, Romeo Barahona, el lanzamiento de esa política se da con el apoyo de la Alianza Joven Regional USAID-SICA, que busca generar salidas alternas para resarcir los daños cometidos a las víctimas, además de apoyar la rehabilitación de los imputados que, en su mayoría, al igual que las víctimas, se encuentran en el rango de edad en que se consideran como jóvenes.

En la actividad, celebrada en un hotel de la capital, participaron fiscales, jueces y policías. “Se han establecido manuales de procedimientos para actuar en los principales delitos que se cometen en el país, ”, dijo Barahona.

La política, que según la FGR debe cumplir también la Policía Nacional Civil, sostiene que en los casos de crímenes cometidos por adolescentes estos deben ser investigados por unidades penales juveniles especiales tanto en la FGR como en la PNC. La política regula, además, la forma en que los fiscales deben tratar a los adolescentes en los juicios, garantizando el debido proceso de los acusados.