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Enfermeras ISNA aceptan culpa por muerte de menor
Escrito por Amadeo CabreraViernes, 25 septiembre 2009 00:00
Las dos enfermeras quedan sujetas a reglas de conduc- ta: prestar trabajo de utili- dad pública por un año e indemnización. Hemos sentado un precedente.”
Silvia de Ríos, fiscal del caso
El Tribunal Tercero de Sentencia de la capital impuso ayer un año de trabajos de utilidad pública a dos enfermeras del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA), luego de que reconocieron responsabilidad en la muerte del menor Erick Enrique Amaya Pérez, ocurrida en agosto de 2008.
Ana Gladis Argueta de Ruano y María Silvia Amaya de Murcia fueron llevadas ayer a una vista pública; sin embargo, la diligencia no se desarrolló porque el tribunal resolvió decretar la suspensión condicional del procedimiento.
El fallo de los jueces ocurrió luego de que los defensores de las imputadas, junto a los fiscales asignados al caso, allanaron el acuerdo al tenor de la legislación procesal penal.
El Código Procesal Penal establece que el juez o tribunal podrá disponer de la suspensión condicional del procedimiento “si el imputado presta conformidad con la suspensión y admite los hechos que se le imputan”.
La resolución judicial establece que las dos profesionales de la medicina, procesadas por el delito de homicidio culposo o comisión por omisión, deberán también observar reglas de conducta como no salir del país y no cambiar de domicilio sin notificación previa a la justicia.
El Tribunal de Sentencia también impuso el pago, como responsabilidad civil, de $1,000 por cada una de las procesadas, dinero que será donado al Hogar de Niños San Vicente de Paúl, en San Jacinto, que alberga a los hermanos de Erick Enrique.
“Hubo una propuesta conjunta de la Fiscalía y la defensa para buscar una de las salidas alternas que la ley permite, la cual es la suspensión condicional del procedimiento”, dijo el abogado Edgar Morales Joya, uno de los tres defensores.
Las dos enfermeras ahora serán sometidas a un Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, que será el encargado de verificar el cumplimiento de las reglas impuestas, y al cabo de un año, de no incumplirse la resolución, se estaría cerrando el caso de manera definitiva.
La Fiscalía procesó también por la muerte del menor a Daysi Odily Parada Alas, coordinadora de educación, y Adriana Xiomara Portillo Murcia y Erika Guadalupe Coreas Pineda, ambas niñeras; sin embargo, fueron sobreseídas definitivamente.
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