FGR: confía en pruebas en caso de prostitución

Fotografías y archivos digitales de presuntas víctimas —dominicanas y nicaragüenses— del delito de trata de personas son algunas de las pruebas más fuertes con las que la Fiscalía General de la República (FGR) dijo contar para probar que los acusados Ana Josefa Galvarina Ramírez Orellana y Jorge Torres (prófugo) están involucrados en el caso de supuesta prostitución de jóvenes extranjeras.

El jefe fiscal de la Unidad Especializada contra el Tráfico y Trata de Personas, de la FGR, David Acosta, le restó credibilidad a un comunicado girado ayer supuestamente por la comunidad World Jewish Congress —el cual ya fue desmentido por la organización—, que además de señalar la inocencia de los dos acusados asegura que ambos fueron víctimas de extorsión.

El 26 de mayo pasado, Ramírez Orellana fue arrestada al conducir el vehículo placas P 590-119, el cual estaba a nombre de Pablo Nasser, entonces subdirector de Migración. Tanto el ex funcionario como la FGR lo desvincularon del caso, ya que aseguraron que este poseía una compraventa y que la acusada no había hecho el traspaso legal a su nombre.

A Ramírez Orellana y sobre todo a su esposo, Jorge Torres, la FGR los identificó como miembros de una red de trata de personas, que atraía a jovencitas de República Dominicana y Nicaragua para ofrecerles trabajo como edecanes. Sin embargo, ya en el país, el ministerio público aseveró que estas eran fotografiadas en ropa interior o desnudas. El material era subido a internet y ofertado como servicios sexuales, detalló Acosta.

El jefe fiscal añadió que durante los allanamientos a dos viviendas “fueron hallados sellos y placas para realizar diplomas y certificar que alguna persona era miembro de la comunidad judía”. Empero, al tratarse de un documento que no es legal, no lo presentarán como prueba, expresó.

Acosta añadió que Torres posee cuádruple nacionalidad (salvadoreña, puertorriqueña, dominicana y canadiense), y que ello era un indicio de falsificación de documentos, “aún indagamos si los pasaportes son reales”, dijo.

La Fiscalía aseveró que actualmente “se sospecha que Torres está en Puerto Rico”. El imputado tiene una orden de captura internacional de INTERPOL.

Por otra parte, el Juzgado de Primera Instancia de San Juan Opico tiene programada para hoy una audiencia para revisar las medidas de restricción de libertad contra Ramírez Orellana, quien se encuentra detenida en el Centro Penal de Mujeres. La audiencia preliminar está programada para el 3 de diciembre próximo.

Las autoridades judiciales, además, tienen programado realizar el lunes 12 de octubre la revisión de bitácoras de llamadas telefónicas. El tribunal de justicia también ha programado para el martes 13 de octubre la ejecución de peritajes en los autos que se presumen eran utilizados para el transporte de las extranjeras.