El ministro de Justicia y Seguridad, Manuel Melgar, respaldó hoy el veto que el presidente de la República, Mauricio Funes, impuso a la recién aprobada reforma legal, que aumentaba de 7 a 15 años la pena máxima para menores en conflicto con la ley.

 


Según un comunicado girado ayer por la Casa Presidencia, el Ejecutivo envió vetado el decreto 275. La decisión “está fundamentada en recomendaciones de jueces, magistrados de menores y de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH)”, alega el Gobierno.


Melgar comentó que él no formó parte de la comisión de consulta que avaló la reforma de ley y explicó que ahora corresponde a los diputados decidir si se supera el veto presidencial o no.


El diputado Sigfrido Reyes, del oficialista FMLN, insistió  hoy que la reforma se aprobó en el marco de la constitución, pero que su fracción espera conocer a profundidad los argumentos del presidente. Las divergencias, enfatizó, deben tomarse como normales entre dos órganos del Estado.


Antonio Almendariz, diputado del Partido de Conciliación Nacional (PCN), cuestionó el veto y planteó que la reforma no viola ningún convenio a favor de la niñez.


Guillermo Ávila, de ARENA, cree que no hay nada fuera de la constitución en el aumento de penas a menores en conflicto con la ley, y señaló que el Ejecutivo pretende ser “garantista” con los menores delincuentes.


La magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ),  Mirna Perla de Anaya, consideró que la reforma viola convenios. A su juicio es contradictorio que se aplique una pena de a jóvenes, que al final la iban a cumplir siendo adultos.


Mientras que Álvaro Guatemala, presidente de la Fundación Salvadoreña de Estudios Económicos y Sociales (FUSADES), dice que no se van a pronunciar con respecto al veto  hasta conocer el contenido que mando el presidente a la Asamblea Legislativa.

Pero  ellos siguen apoyando que se incremente la pena. Dijeron que tienen que revisar
que el incremente de penas no contradiga en temas legislativos en ninguna ley de juventud e infancia.


El pasado 11 de febrero los diputados avalaron reformar la Ley Penal Juvenil y aumentar de siete a 15 años de cárcel la pena máxima para los menores de entre 16 y 18 años que delinquen, una medida que fue rechazada por los jueces de menores y por el presidente Mauricio Funes, quien anunció la conformación de una comisión para analizar el tema.


El aumento de penas fue avalado por unanimidad por los diputados, la semana anterior, justo en medio de un intenso debate por el alza en el número de homicidios en El Salvador. Un promedio de 13 salvadoreños fueron asesinados en las primeras dos semanas de febrero.

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