PDDH condena cierre en Medicina Legal

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia también se sumó a las condenas, pero no sancionará a los huelguistas que dejaron por horas cadáveres sin reconocimiento o autopsias.

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La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) hizo un llamado ayer a la Corte Suprema de Justicia y a los sindicatos de empleados judiciales a que tengan en cuenta que el servicio forense es público y que incluso tiene una naturaleza estratégica para los procesos judiciales, por lo que “no pueden ser interrumpidos”, ya que al interrumpir la justicia se incurre en un delito.

El procurador adjunto para la Defensa de los Derechos Humanos, Salvador Eduardo Menéndez Leal, advirtió ayer que la PDDH no ha sido contactada ni por la Corte ni por los sindicalistas para que eventualmente la institución pudiera facilitar un diálogo entre las partes en conflicto de intereses.

“Pero en todo caso, nosotros como institución de Derechos Humanos vemos con preocupación cómo se interrumpe el desarrollo normal de las actividades del Instituto de Medicina Legal Dr. Roberto Masferrer y de algunas clínicas forenses al interior del país”, dijo Menéndez Leal.

“Entendemos que el servicio que presta tanto el instituto como las diversas clínicas forenses de los departamentos es un servicio público de naturaleza estratégica, y uno de los rasgos básicos de este tipo de servicios es que no puede ser interrumpido”, aseguró el funcionario.

Menéndez Leal dijo estar atento al problema, ya que “se vio ayer (por lunes) que se está afectando incluso el desarrollo de algunas audiencias judiciales y vistas públicas”.

“El hecho de que no se estén haciendo levantamientos de cadáveres, que no se hagan autopsias, ciertamente afecta o entorpece el funcionamiento ordinario y normal de la justicia”, dijo el funcionario.

“Por tanto, como Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos hacemos un llamado a las personas que son empleadas de la institución, a efecto de que consideren que se está haciendo una afectación seria de los usuarios; pero por otro lado también un llamado a la Corte Suprema de Justicia, que entendemos hay una mesa laboral que está tratando este tema y que tiene un plazo también para dar una respuesta, a que se tomen las medidas adecuadas y las decisiones que ellos estimen pertinentes, porque ellos deben hacer sus consideraciones presupuestarias”, dijo Menéndez Leal.

El funcionario señaló que la mesa de diálogo entre la Corte y los sindicatos es de tipo permanente y de carácter laboral.

Sin embargo, avisó a las partes que la PDDH está siempre disponible para servir de mediadora en los conflictos y dejó abierta la posibilidad de intervenir si así se lo requieren.

El procurador adjunto de Derechos Humanos reiteró que, en todo caso, “quien no puede ser afectado aquí, quien no debe ser afectado aquí, es la ciudadanía”.

Condena pero no sanciona

El magistrado Florentín Meléndez, que encabeza la mesa laboral de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), condenó ayer las acciones tomadas este lunes por los sindicalistas; sin embargo, adelantó que no sancionarán a ninguno de los trabajadores que imposibilitaron el levantamiento de al menos siete cadáveres y la realización de varias audiencias.

“Es inaceptable la toma de tribunales. Es ilegal, porque afectan al público. Estas acciones son ilegales. Es inaceptable. Se lo hemos planteado a los trabajadores. No estamos en el ánimo de promover sanciones en este momento, porque estamos llegando a soluciones inmediatas”, declaró el primer vocal de la Corte.

Meléndez, sin embargo, aseguró que si los cierres de edificios se vuelven recurrentes, la mesa laboral trasladará el expediente a Corte Plena para que tome otras medidas contra los sindicalistas. Este es el tercer paro de labores que enfrenta la Corte en menos de un mes: el primero se dio en los tribunales en Santa Ana; el segundo, en el edificio integrado de Justicia Social; y el tercero fue el del IML.

“La libertad sindical es legítima, pero tiene límites... Tenemos que salirle al paso a estas medidas”, manifestó el funcionario.

La mesa laboral lejos de sancionar está considerando ceder a más de una de las peticiones que han hecho los sindicalistas (ver nota secundaria).

Los principales sindicatos de la Corte y los magistrados firmaron en julio pasado un protocolo de entendimiento para la solución temprana de conflictos. Meléndez señaló que los sindicalistas violaron este pacto, porque no agotaron el diálogo y se fueron directo a las acciones de hecho.

“Tenemos normas de funcionamiento que establecen que tenemos que respetar la Constitución. Es la legislación del país la que prohíbe interrumpir los servicios esenciales como lo es la justicia”, recordó el magistrado.

A la mesa laboral le toca negociar con los sindicatos por separado. Por un lado, asume compromisos con el Sindicato de Trabajadores del Órgano Judicial (SITTOJ) y por el otro con el Sindicato de Empleados Judiciales Salvadoreños (SINEJUS), que dice tener 3,500 afiliados y ser el más representativo del Órgano Judicial.