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Acusan a Insulza de desautorizar a CIDH en caso de represa Brasil
Los pobladores indígenas de la zona han denunciado que va a inundar 516 kilómetros cuadrados de selva y va a obligar a desplazar de sus hogares a cerca de 50.000 personas. También Amnistía Internacional ha pedido la paralización de la polémica obra.
Escrito por dpa/San SalvadorMartes, 07 junio 2011 13:41
Ariela Peralta, directiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), expresó su "sorpresa" y "asombro" por las declaraciones de Insulza, ofrecidas la víspera a periodistas extranjeros que cubren la 41 Asamblea General de la OEA que concluye este martes en la capital salvadoreña.
Insulza reiteró la noche del lunes que la resolución de la CIDH ordenando frenar la construcción de la represa hidroeléctrica en Belo Monte, estado brasileño de Pará, "no tiene carácter de sentencia judicial" y por lo tanto el gobierno brasileño no estaría obligado a acatarla.
"La CIDH no emite sentencias, emite recomendaciones", alegó el secretario general al ser consultado sobre el polémico asunto. Los directivos de la CIDH han guardado silencio ante el caso, pero organismos usuarios como el CEJIL, le recordaron a Insulza que la CIDH fue creada hace medio siglo por la OEA como un órgano vital del sistema hemisférico.
"Estas declaraciones desafortunadas envían un mensaje de debilitamiento (de la CIDH) por parte del secretario general, que en cambio debería estar respaldando a la Comisión", dijo Peralta.
"Para nosotros es absolutamente asombroso y estamos muy preocupados porque somos usuarios del sistema", añadió. Por su parte, Aleida Calleja, de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), opinó que la posición de Insulza desautorizando a la CIDH "lo que hace es quitarle presión a los países para que no queden en la impunidad una serie de crímenes".
Callejas resaltó que la CIDH ha atendido denuncias sobre ataques a periodistas y violaciones a la libertad de expresión en el hemisferio, y que su gestión "ha contribuido a salvaguardar la vida de cientos de trabajadores de los medios de comunicación".
El pasado 1 de abril, la CIDH dictó medidas cautelares ordenando al gobierno brasileño que detenga las obras de Belo Monte porque el proyecto amenaza a la vida de varios pueblos indígenas del Amazonas.
Brasil calificó esas medidas de "injustificadas y precipitadas", posición que obtuvo de hecho el respaldo del secretario Insulza. El mes pasado, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) envió una carta a Insulza reprobando sus "preocupantes declaraciones".
La FIDH sostuvo que "las recomendaciones de la CIDH tienen un carácter vinculante para los Estados miembros de la OEA". La represa de Belo Monte será la tercera mayor del mundo con una potencia de 11.233 megavatios.
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