El sector privado lamenta que El Salvador se esté quedando con la tajada más pequeña del pastel de inversiones de Centroamérica. Cada país idea estrategias más agresivas para que los dólares extranjeros les lleven progreso, creen empleos y sean un imán para llamar más empresas. Ofrecen incentivos, políticas y facilitan las condiciones para que los inversionistas se queden con ellos.

Guatemala, por ejemplo, prepara la Ley de Incentivos a la Inversión, que contempla exoneraciones fiscales para la exportación, de logística y de inversión en infraestructura.

Honduras, por su parte, ofreció el año pasado beneficios e incentivos a inversionistas, con la Ley de Promoción y Protección de Inversiones, y prometió todo el andamiaje gubernamental para los rubros identificados como prioritarios. El país les abrió un abanico de más de 150 proyectos, valorados en $15,000 millones.

Mientras que Nicaragua también ha sido agresiva y el año pasado abrió un foro de inversión y ofreció beneficios a los inversionistas. No le fue mal: Adidas y Nike comenzarán a operar en el país este año y las inversiones en conjunto del sector textil podrían alcanzar los $125 millones.

Pero del pastel de inversiones, Costa Rica y Panamá se llevan las porciones más grandes: Costa Rica ha asignado este año $1,700 millones para infraestructura (con un puerto, un corredor vial y carreteras) y Panamá tiene un plan quinquenal de inversiones públicas por más de $13,000 millones.

Según datos de CEPAL, en los primeros seis meses de 2011, Panamá recibió $1,426 millones de inversión, Costa Rica $1,057 millones, Honduras $486 millones, Guatemala $485 millones, El Salvador $376 millones y Nicaragua $284 millones.

Para Arnoldo Jiménez, director ejecutivo de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), El Salvador no tiene la capacidad de desarrollar grandes proyectos en asocios público-privados, que han permitido en otros países dinamizar la economía y generar empleos. “Aquí hay potencial para generar megaproyectos. Con lo que se paga del subsidio al transporte ($56 millones en 2011) se pueden crear los buses articulados, pero este es un proyecto que no se hace por cuestiones políticas”, dijo.

Añadió que la falta de seguridad jurídica también ahuyenta al inversionista, ya que estos esperan recuperar sus inversiones en 20-25 años, pero para ello, deben estar seguros de que no se les cambiarán las reglas del juego.

Ismael Nolasco, director ejecutivo de la Cámara Salvadoreña de la Construcción (CASALCO), también hizo referencia a que si el Gobierno destina demasiados fondos para subsidios (en total el Gobierno pagó $340 millones en 2011), se deja de lado la inversión, que genera más oportunidades: “Cuando se invierte en puertos, remodelaciones, esto sí viene a colaborar positivamente a la economía porque viene a generar empleos, impuestos y mayor disponibilidad del Gobierno para hacer sus programas sociales”. 

Por su parte, Ana Vilma de Escobar, vicepresidenta en la administración anterior, recordó que la empresa APM —que construirá un puerto en Costa Rica valorado en $992 millones— es una de las empresas que quiso invertir en el puerto de La Unión, pero sin una ley de concesiones la intención no pasó a más. “La falta de visión de país hace que el progreso nos pase por un lado y que El Salvador sea solo un espectador de lo que está sucediendo, cuando podría ser un actor, un líder en la región”, dijo De Escobar.

El año pasado, el Gobierno anunció inversión pública por $1,200 millones, pero solo alcanzó a ejecutar entre el 60%-65% de ese monto. Para este año, la meta es de $900 millones. 

En un ranking de las 48 ciudades más atractivas en América Latina para la atracción de inversiones, elaborado por una universidad colombiana, Panamá ocupa el puesto 7, San José de Costa Rica está en el lugar 23, Ciudad de Guatemala en el 37, Tegucigalpa en el 41 y Managua en el 43. San Salvador y San Pedro Sula están a la cola, en el 44 y 46, respectivamente.